Condenan a Enrique Crespo a diez años de prisión por prevaricación, falsedad y malversación a través de Emarsa

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La Audiencia ha condenado a 10 años de prisión y 20 de inhabilitación en la pieza principal del caso Emarsa a Enrique Crespo, quien fuera alcalde del PP en el Ayuntamiento de Manises, vicepresidente de la Diputación de Valencia en el equipo de Alfonso Rus y presidente de Emarsa, la empresa pública dependiente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) que gestionaba la depuradora de Pinedo cuya actividad sirvió para que diferentes cargos públicos y empresarios urdieran una trama para desviar hasta 23,5 millones de euros de dinero público.

Según la sentencia comunicada hoy a las partes y que ha condenado a los 24 encausados a una pena total de 97 años 8 meses y 8 días de prisión, Crespo es culpable de los delitos continuados de prevaricación administrativa, de un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil, en concurso medial y de un delito de malversación de caudales públicos en su modalidad agravada. Sin embargo, ha sido absuelto de los delitos de prevaricación y falsedad en su modalidad agravada.

El ex alcalde de Manises es el segundo de los 24 encausados con una pena mayor sólo por detrás del gerente de la empresa, Esteban Cuesta, que ha sido condenado a 12 años y 6 meses de cárcel. Cuatro de ellos, por delito de cohecho continuado en concurso medial con el delito continuado de falsedad en documento mercantil y otros 8 años y medio por prevaricación administrativa, falsedad documental y un delito de malversación de caudales públicos en su modalidad agravada.

Tanto Crespo como Esteban deberán participar en la indemnización conjunta y solidaria de los 23.501.620 euros equivalentes al dinero público que el tribunal considera que se desviaron a través de este entramado delictivo.

Según la sentencia, los principales responsables de la empresa pública que gestionó la depuradora de la pedanía valenciana de Pinedo articularon un sistema fraudulento de facturación con el que lograron el desvío de 23,5 millones de euros de dinero público. Para ello, se concertaron con varios empresarios que emitían facturas por servicios no prestados o por un importe muy superior al coste real. De este modo, incorporaron a su patrimonio o al de familiares y amigos el dinero defraudado.

Las penas impuestas oscilan entre los 9 meses y los doce años y medio de cárcel para los 24 acusados y considera participe a título lucrativo a la ex mujer de uno de los principales acusados.

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