Los organizadores de los ‘bous al carrer’ en los que murió un hombre tenían todos los permisos

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El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha afirmado este lunes que los organizadores de los ‘bous al carrer’ de Rafelbunyol, donde este domingo falleció un hombre de varias cornadas, tenían todos los permisos exigidos por ley.

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Castellano se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa sobre custodia compartida, al ser preguntado por las últimas novedades respecto al hombre que falleció este domingo tras recibir varias cornadas durante la celebración de los festejos de ‘bous al carrer’ en Rafelbunyol.

Al respecto, el conseller ha explicado que el expediente estaba “correcto” y que los organizadores del evento “cumplían con los requisitos”. “Tenían los permisos en regla, las cuestiones de ferramento, y se había presentado en tiempo y forma la autorización”, ha agregado.

También ha recalcado que se intentó por parte de los organizadores que la víctima saliera del recinto, “que era abierto, es decir, en la calle”, pero no lo consiguieron. Así, ha insistido en que es “complicado” lograr la seguridad al 100 por cien en este tipo de festejos.

Preguntado por quién va a asumir la responsabilidad de lo sucedido, ha respondido que primero hay que ver si se ha cumplido la normativa, porque de ser así, los organizadores no tienen ningún tipo de responsabilidad. “Eso –ha puntualizado– lo tendrá que decir un juez. Nosotros no impartimos justicia, sino sanciones administrativas”.

También ha puntualizado que la responsabilidad en cuanto a indemnizaciones por accidentes es diferente si la persona que lo ha sufrido también ha incumplido la normativa. En este caso, “no podría estar beneficiada de la cobertura de seguros que le correspondería en otro tipo de circunstancia”, ha dicho a modo general.

Por último, Castellano ha recordado que para mejorar la seguridad de estos festejos se modificó la Ley de Espectáculos y se realizó un decreto específico. Ambas normativas concretan que no pueden participar en los ‘bous’ aquellas personas que estén bajo la ingesta de alcohol o estupefacientes”. De hecho, el decreto contempla sanciones que van desde los 30.001 a los 60.000 euros.

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