La oposición pide a la alcaldesa la sentencia del caso del despido del ex gerente de Nous Espais

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Los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Torrent, PSPV y Bloc, han pedido al equipo de Gobierno que se les facilite la documentación sobre la sentencia judicial que considera el despido del ex gerente de Nous Espais improcedente. La oposición quiere disponer de toda la información antes de que se reúna el Consejo de Administración en el que se dará cuenta de la decisión del juzgado nº 1 de Valencia.
Tras la petición de los grupos de la oposición municipal de Torrent de que se reúna el Consejo de Administración de Nous Espais, la presidenta y alcaldesa de la ciudad, María José Català, ha accedido a dicha convocatoria, pero sin tomar en consideración los puntos solicitados por PSOE y Bloc y sin aportar la documentación necesaria, entre ella la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Valencia que establece que el despido del ex gerente, José Fermín Doménech, era improcedente.

Los grupos de la oposición no recibieron ninguna notificación ni información sobre dicha sentencia, que se produjo en julio, por lo que entendían que se estaba produciendo “una grave ocultación de información”. Los dos grupos de la oposición municipal pidieron entonces la urgente convocatoria del Consejo de Administración de Nous Espais Torrent SA, para que su Presidenta y su Consejero Delegado explicasen todos los trámites llevados a cabo hasta la fecha y la sentencia final a la que hacían referencia los medios de comunicación. Asimismo, reclamaban que se les entregase toda la documentación existente sobre este expediente, incluido el texto íntegro de la sentencia.

Ahora se ha convocado al Consejo de Administración, “pero en el punto correspondiente del orden del día sólo figura un escueto ‘Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Valencia’, sin ninguna documentación complementaria y sin la sentencia de dicho tribunal”, explican desde la oposición, quienes alertan de que se trata de “una burla más a los intereses de la ciudad, puesto que la sentencia establecía que el despido era improcedente, fijaba la cantidad a indemnizar y recogía también algunas consideraciones del juez sobre las responsabilidades del consejero delegado y de la propia alcaldesa”.

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