La juez sobresee la denuncia de Peralta contra Sanchís por prevaricación porque no considera “acreditado” el delito

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La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Massamagrell ha dictado el sobreseimiento provisional de las actuaciones iniciadas tras la denuncia del ahora alcalde electo José Manuel Peralta contra el ex primer edil socialista José Vicente Sanchís al que acusaba de prevaricación y malversación de fondos públicos. La juez considera que “no queda suficientemente acreditada la perpetración del delito”.
El edil popular presentó ante la Fiscalía y los Juzgados de Massamagrell sus sospechas de que Sanchís había pagado cuatro veces más por una permuta a una empresa constructora.

Los hechos ocurrieron en 2006 cuando el Consistorio decidió permutar un local en los bajos de un edificio con la empresa responsable de la construcción. Se estableció que el Ayuntamiento daría a la empresa otro local y la diferencia entre ambos, tasada entonces en 186.504 euros, ya que el valor del inmueble que el Consistorio pretendía destinar a centro sanitario se presupuestó en 548.625 euros.

Según el auto con fecha 20 de mayo de 2011 consultado por Hortanoticias, la juez justifica el sobreseimiento de la causa porque, asegura, “la misión de Jueces y Tribunales […] también es no consentir que se implique en el proceso penal a personas por hechos que tengan su encalve en la jurisdicción civil o administrativa”. Pese a ello, analiza el fondo de la causa en virtud de las pruebas practicadas en la investigación y las declaraciones prestadas.

En base a ello, considera que el ex alcalde socialista no incurrió en delito de prevaricación ya que, para que exista este hecho delictivo, “la autoridad o funcionario público, con una conciencia absolutamente clara y meridiana de su ilícito proceder, dicta una resolución en un asunto administrativo que es manifiestamente arbitraria por cuanto no es fruto de una aplicación de las normas del ordenamiento jurídico sino de su mera voluntad y capricho” y, según el auto, “en el supuesto obrante no concurren los presupuestos básicos para constituir este delito”.

La juez basa su argumentación en que, “si bien a juicio del denunciante se determinan ciertas irregularidades […], lo cierto es que no son tales para constituir infracción penal ya que, a pesar de que a juicio del denunciante se pudieran tachar de injustas, no alcanza a que se pueda calificar de arbitraria con el contenido dispuesto por la jurisprudencia como irracional o esperpéntica”.

En ese sentido, añade el testimonio de la interventora municipal, quien aseguró que el decreto objeto de la denuncia no produjo ningún asiento contable (pago) pues quedó pendiente de pago. Además, la juez resalta que la decisión tomada por Sanchís obedeció a un acuerdo adoptado en el pleno del Ayuntamiento y respondía “al precio del local más la adaptación del mismo al uso al que se iba a destinar”, según recoge el dictamen de la jueza quien tampoco considera que haya indicios de un delito de malversación de fondos públicos.

Por todo ello, ha ordenado el sobreseimiento provisional de las actuaciones, al no haber quedado suficientemente acreditada la perpetración del delito que dio lugar a la formación de la causa.

José Vicente Sanchís, quien ha acusado a Peralta de haber interpuesto una denuncia “falsa y con mala fe”, se ha mostrado satisfecho por la resolución judicial y ha señalado que “lo único que ahora importa es el bienestar de mi pueblo. Los encargados de la gestión deben centrase en ese objetivo y en rehacer la convivencia y armonía ciudadana que es l mensaje socialista de siempre y integrado en el programa como prioridad”.

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