Así lo han anunciado en una comparecencia pública en la puerta de la Catedral de Valencia a la que han asistido un par de decenas de miembros y simpatizantes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Valencia y de Paterna.
Esta anciana y su familia llevan más de 70 años ocupando esa vivienda que era propiedad de un hombre de Mislata, Francisco Balbastre Arnau, quien, en 1922, dejó escrito como última voluntad que sus propiedades se destinaran, según asegura Pepita, a personas necesitadas de la localidad para lo cual se creó una fundación benéfica que lleva su nombre. Desde el Arzobispado de Valencia aseguran que se trata de una fundación civil constituida en su testamento por Balbastre sin que tuviera nada que ver la Iglesia aunque coincida con que uno de los patronos, nombrado por el fundador, sea el párroco de Mislata.
La propuesta, sin embargo, no convence ni a la familia ni a su abogado pues esta vecina de Mislata asegura que en el contrato de alquiler que tiene suscrito con la fundación existe una cláusula que haría que, si su hijo ocupa el entresuelo, tuvieran una justificación para echarlos del inmueble. Pepita no quiere dejar las llaves de la planta baja a la Fundación porque, en este momento, aunque existe un procedimiento judicial en curso, la última sentencia determina que la propiedad corresponde a la Fundación pero de la familia de Pepita es la posesión. Si les dejara la planta baja, coincidirían en una misma persona la propiedad y la posesión y eso podría suponer “perder cualquier posibilidad de poder seguir en la vivienda”, según ha explicado el abogado.
Desde la PAH, quienes no entran a valorar la cuestión sobre la propiedad de la vivienda, apelan a la caridad de la fundación para hacer cumplir el derecho a la vivienda de todas las personas que es lo que defiende la plataforma. Por eso, dicen, están dispuestos a aceptar una propuesta de reubicación siempre y cuando se asegure que no va a suponer una excusa para desalojar a toda la familia.
En ese sentido, el abogado de Pepita, Juan Luis Costa, ha explicado que sería muy bueno que la Fundación aceptara hacer un contrato de arrendamiento a nombre del hijo ya que, el que ahora tiene el matrimonio mayor expirará cuando ellos fallezcan dejando a su hijo y su nieta sin garantías de poder seguir ocupando la vivienda.
Acusación popular
Por otra parte, el conflicto que enfrenta a esta vecina de Mislata con la Fundación Balbastre va más allá y es que, según asegura la anciana, la Fundación no está cumpliendo con la voluntad de Francisco Balbastre. En ese sentido, ha explicado que el inmueble que él quiso destinar a un hospital en el número 16 de la calle de Nuestra Señora de los Ángeles, tan sólo funciona como club social de clavarios y juniors.
También el abogado de Pepita ha explicado que otras seis viviendas que se encontraban en la misma situación que la de Pepita ya han sido gestionadas por la Fundación y, dos de ellas, han sido vendidas y convertidas en un chalé. “Las demás están bien cuidadas y creemos que están arrendadas”, ha apuntado Costa, quien ha señalado que actualmente Pepita forma parte de la acusación popular en un procedimiento penal abierto contra la Fundación, precisamente, por no cumplir supuestamente, con los fines para los que fue creada por Francisco Balbastre en 1922.
De momento, el procedimiento judicial, tanto el penal como el administrativo, siguen su curso y, mientras tanto, la familia, su abogado y la PAH esperan que se paralice el desalojo previsto para el próximo 21 de abril o, al menos, se alcance antes un acuerdo para garantizar la vivienda al hijo de Pepita cuando esta y su marido fallezcan.
