La defensa del padre Ángel pide su absolución y el fiscal mantiene la petición de ocho años de cárcel

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El abogado defensor del supuesto sacerdote de Picassent acusado de dos delitos contra la Hacienda pública ha pedido este martes la absolución de su cliente en la última sesión del juicio que se celebra en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia.
Por su parte, el fiscal mantiene la petición de ocho años de prisión por dos delitos contra la hacienda pública, ya que sostiene que el acusado cometió fraude al no declarar el IRPF de los años 2000 y 2003 a pesar de que contaba con bienes a su nombre en diferentes municipios valencianos, con cuentas bancarias con cantidades elevadas de dinero y de que había incrementado su patrimonio.

El Abogado del Estado, que se ha adherido a “todo lo indicado por el ministerio fiscal” solicita además que, atendiendo a lo recogido en la Ley de Contratos, se una a la petición del fiscal la prohibición para el acusado de contratar con las administraciones públicas durante seis años.

Por otro lado, los dos abogados de la acusación particular, que representa a dos familiares de personas que vendieron y cedieron propiedades al falso cura, piden indemnizaciones para sus representados (de 150.000 euros en un caso y de 36.000 euros en otro) y tres años de prisión por un delito de estafa. Además, uno de ellos reclama que se contemple también un delito de apropiación indebida.

Los dos letrados estiman que el acusado “desde un principio, con su comportamiento montó un complot dirigido sólo por él” y que él es “el único responsable de urdir esta trama”, así como que creó dicho “entramado con el único objeto de enriquecerse”. Además, han denunciado el “engaño” y la “manipulación” protagonizado por el falso cura.

El fiscal, por contra, ha descartado que el ‘padre Ángel’ sea acusado de un delito de estafa. Ha señalado que para que los hechos por los que se acusa al ‘falso cura’ se contemplen como un delito de estafa “falta un elemento esencial, el engaño”.

Igualmente, ha indicado que “el derecho penal no protege a los incautos” ni a personas que “en los siglos XX y XXI”, por su nivel de formación, puedan haber sido engañados por “curanderos o milagreros”.

El supuesto sacerdote, que como en anteriores comparecencias acudió a la vista vestido con sotana y acompañado por un grupo de seguidores, asegura que fue ordenado sacerdote en 1988 en Francia, aunque el Arzobispado de Valencia no le reconoce como tal.

El ‘padre Ángel’ fue presidente de la Junta de la Esclavitud del Sagrado Corazón de Jesús. Obras de misericordia’, una asociación sin ánimo de lucro que fue constituida en 1992 y que formaban feligreses del supuesto religioso.

Acreditar la procedencia de su patrimonio

El fiscal y el Abogado del Estado han coincidido en destacar que el acusado debe acreditar “la procedencia de su patrimonio” y “justificar” el incremento de éste porque no hay “una justificación clara”. Igualmente, han estimado que el falso cura debe explicar el origen del dinero que estaba a su nombre y que se localizó en sus dependencias.

“Si vamos a justificar esas cantidades hagámoslo con argumentos que sean serios”, ha indicado el representante del ministerio público, que ha agregado que tiene “interés en saber cómo se recogía el dinero” que el ‘padre Ángel’ tenía a su nombre porque se trata de “ganancias patrimoniales no justificadas”.

De este modo, tanto el fiscal como el Abogado del Estado han rechazado las explicaciones que el acusado dio en la primera sesión del juicio, en la que dijo que los bienes de la asociación que presidía estaban a su nombre porque los miembros de esta entidad confiaban en él y porque a pesar de ser el titular las propiedades no eran suyas sino de la Junta.

Han agregado que no puede creerse que el falso cura no realizara la declaración de la renta porque como dijo estaba mal asesorado por su abogado, que le había comentado que por ser religioso estaba exento de declarar sus bienes y tributar. El fiscal ha dicho que la declaración del IRPF es algo que “todos hacemos excepto el acusado”.

Un patrimonio de más de 450.000 euros

Este último ha precisado que la suma de los bienes y del dinero que en el año 2000 era titularidad del ‘padre Ángel’ (por la compra-venta de seis parcelas en Picassent y por ingresos en cuentas bancarias) ascendía a 476.615, 2 euros, según los datos del servicio de Inspección de la Agencia Tributaria.

Ha apuntado también que en 2003, “de forma absolutamente sorprendente”, se localizaron en el despacho del acusado 354.801 euros en billetes y ha indicado que ni él ni la Agencia Tributaria saben “de dónde ha salido este dinero” que se decía que era para la Junta a pesar de que ésta era “una entidad sin ánimo de lucro”.

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