La concesión de Manises ahorra 42,5 millones al año a Sanidad pero dispone de menos facultativos por habitante

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La Conselleria de Sanidad encargó a la Sindicatura de Comptes una auditoría sobre los años de gestión de la concesión privada del Departamento de Salud de Manises. Entre las conclusiones: ahorra 42,5 millones de euros al año respecto a otros departamentos de salud de gestión pública pero dispone de menos facultativos por cada 1.000 habitantes que otros hospitales comarcales. Además, el coste por empleados es un 9,6% inferior.

El Consejo de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha aprobado la auditoría operativa de la concesión de la asistencia sanitaria integral en el departamento de salud de Manises para el periodo comprendido entre los años 2009 y 2015 y la ha remitido a Les Corts y a la Conselleria de Sanidad así como al concesionario Especializada y Primaria L’Horta Manises, S.A.U.

En relación a los principios de eficiencia, eficacia y economía en la gestión de la concesión, el informe revela un 25% de ahorro en el gasto corriente sanitario público en relación con los hospitales comarcales de gestión pública lo que supone un ahorro de unos 42,5 millones de euros al año.

La auditoría señala que la concesión ha tenido un coste para la Administración de 721 euros anuales por habitante (de los cuales, aproximadamente 47 euros son para inversiones), por debajo de los 894 de gasto corriente que se observa en los departamentos con hospitales comarcales públicos.

El informe refleja también que la concesión de Manises tiene menos facultativos por cada 1.000 habitantes que los hospitales comarcales y que, además, el coste por empleados es un 9,6% inferior. De hecho, la ratio de médicos por cada 1.000 habitantes (2,33) es la menor de todos los hospitales, tanto comarcales como de referencia, de la Comunitat Valenciana, incluidos los que funcionan con el llamado modelo Alzira de gestión privada.

Desde la Sindicatura hacen hincapié en que el informe señala “la inconsistencia en la determinación de la ‘capita’ inicial, ya que se estableció el mismo precio que en otras concesiones pero con diferentes obligaciones”.

En relación con el control de la prestación por parte de la Administración, la Sindicatura señala la ausencia en el contrato, de una cláusula específica sobre indicadores de resultados y su sistema de evaluación. Asimismo, destaca la ineficacia de la Comisión Mixta de Seguimiento como órgano de control de la concesión ya que, en los siete años analizados en el informe, la comisión únicamente se ha reunido doce veces.

En general, la Sindicatura de Comptes observa “un incumplimiento de las medidas de control en materia de rentabilidad, control de inversiones o contratación de personal directivo”.
Sobre el precio del contrato, la auditoria pone de manifiesto que la concesión no ha contado con un procedimiento claro de liquidación lo que, dice la Sindicatura, “conlleva dificultades importantes a la hora de aprobar las liquidaciones anuales”.
El trabajo de auditoría destaca una diferencia global de 179,8 millones de euros en el periodo 2009-2013 entre las propuestas de liquidación de la Administración y las del concesionario (a favor de la Administración) y calcula 39,2 millones de euros “de exceso en la contraprestación por aplicación no literal de la cláusula de revisión prevista en los pliegos”.

Por otra parte, como consecuencia del retraso en los pagos, el concesionario reclama al a Conselleria de Sanidad 10,8 millones de euros en intereses de demora.
Incrementar el control sobre los recursos públicos

Tras auditar la concesión, la Sindicatura de Comptes recomienda a la Conselleria de Sanidad adoptar medidas para llevar a cabo sus funciones de control y de seguimiento que le permitan evaluar la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos públicos que se ponen en manos de terceros.

También recomienda definir un procedimiento claro para determinar el precio del contrato, en el que se establezcan aspectos tales como los términos de presentación y de alegación, los medios de comunicación a utilizar, los requisitos formales previos a cumplir y los órganos competentes para aprobar el precio del contrato.

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