Fiscalía remite al juzgado la parte de la denuncia del PSPV sobre la Epsar relativa al caso y archiva el resto

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La Fiscalía de Valencia ha decidido remitir al juzgado de instrucción número 15 de Valencia la parte de la denuncia presentada por el PSPV sobre presuntas irregularidades de la Entidad Pública del Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR) en la adjudicación de la explotación y control de las depuradoras de la provincia que guarda relación con el conocido como caso Emarsa, y ha archivado el resto, según han confirmado a la Agencia Europa Press fuentes del ministerio público.
A principios de este mes, la Fiscalía admitió a trámite la denuncia interpuesta por el PSPV para investigar presuntas irregularidades cometidas por la EPSAR en la adjudicación de la explotación y control de las depuradoras de la provincia.

En su escrito de denuncia, el PSPV pedía al ministerio público que ampliara a la Epsar la investigación de ‘Emarsa’, en la que se instruye un agujero de 25 millones de euros en la gestión de la empresa encargada de la depuradora de Pinedo, al considerar que existen evidentes indicios de comisión de ilícitos penales contra los fondos y patrimonio público en beneficio propio y/o terceros.

El PSPV sostenía que, al analizar el funcionamiento de la EPSAR en las estaciones depuradoras (EDAR), hay un ‘modus operandi’ similar en el que los responsables de la Epsar se presentan “como artífices de una trama mucho mayor” que la de Emarsa, que se hace extensible al conjunto de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de la Comunitat “a poco que se analice la interrelación de personas y empresas”, decía en su escrito.

En esta línea, señalaba que si la EPSAR no llevó nunca a cabo un estudio de costes reales de Emarsa para localizar el problema de su “insaciable necesidad económica”, no es “descabellado pensar” que es extensible a otras EDAR.

En la denuncia se apuntaba que las 460 estaciones depuradoras que gestiona EPSAR están divididas en seis zonas, y cada EDAR tiene asignados dos contratos de funcionamiento: uno con la empresa explotadora y otro con la que controla técnica y económicamente su funcionamiento.

Según fuentes conocedoras de la decisión de Fiscalía, la parte remitida al juzgado hace referencia a las empresas que controlan tres zonas de la Comunitat y que han trabajado para Emarsa, lo que supone el control de la mitad de las depuradoras de la Comunitat.

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