Empar Navarro declara en el juzgado de Instrucción número 1 de Torrent por la querella interpuesta por el PP

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La demanda de los ‘populares’ sostiene que la alcaldesa de Aldaia, Empar Navarro, y el edil de Urbanismo, Francesc Ferrer, podrían haber cometido un delito de prevaricación al otorgar la licencia de habitabilidad de las viviendas del sector PP-3, junto al TAMA. Fuentes municipales han rehusado pronunciarse sobre el tema, aunque han señalado que esta cuestión “ya fue juzgada por la vía contencioso-administrativa”.

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Los hechos se remontan a 2002, cuando la empresa Bigeco procedió a la reurbanización del citado sector, en el que debían construirse 176 viviendas de protección oficial (VPO), pero que finalmente acogió 128 viviendas protegidas y 48 áticos de renta libre. Esto provocó el malestar de los propietarios de los terrenos, a quienes se les habían expropiado las parcelas a precio de VPO, limitado, y que decidieron llevar el caso a los tribunales.

Para los ‘populares’, el equipo de Gobierno “sabía que Bigeco iba a incumplir el acuerdo, porque cuando la constructora pidió la licencia de obra, ya se reflejaba cual era el proyecto final” y, aún así, “dejaron que las cosas continuaran, y cuando tenían que otorgar la licencia de primera ocupación, como sabían que lo habían hecho mal, optaron por el silencio administrativo”.

Una querella “por intereses políticos”

En cualquier caso, esta querella ha llevado a la alcaldesa a declarar este lunes en el juzgado de Instrucción número 1 de Torrent. Sin embargo, fuente municipales han rehusado “entrar en detalles” de la declaración y del conjunto del proceso hasta que no esté resuelto.

Sí han señalado que se trata de una demanda “puramente por intereses políticos y electorales, “para desacreditar a la alcaldesa y al edil”, ya que se trata de llevar a la vía penal “un asunto que ya ha sido juzgado por la vía contencioso-administrativa”, en la que “no se ha apreciado una mala actuación”.

Las mismas fuentes han recordado que fue el Ayuntamiento en 2002 quien inició un expediente sancionador al considerar que la constructora podría haberse enriquecido injustamente, en el que proponía una sanción de 700.000 euros que, sin embargo, no fue aceptada por la Conselleria de Obras Públicas, entonces liderada por Rafael Blasco.

Asimismo, después de que los vecinos reclamaran al Ayuntamiento responsabilidad patrimonial sobre lo ocurrido, “el Consistorio se sentó a hablar con la constructora y firmó un convenio para que si se le reclamaba una indemnización la asumiera ésta”.

“En ningún momento ha habido una ocultación o dejadez, el Ayuntamiento llevó las cosas donde tocaba y se ha actuado dentro de la legalidad”, han concluido las mismas fuentes.

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