El Tribunal Supremo ratifica la legalidad de la tasa de basura que instauró Borruey

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El PSPV de Paterna ha desvelado que el actual alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, junto con los 293 vecinos que recurrieron junto a él la legalidad de la tasa de basura, tendrán que pagar de su bolsillo 6.000 euros en concepto de costas procesales.
Así lo dictamina la sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso de casación interpuesto por Agustí y otros vecinos contra la sentencia del TSJCV que desestimaba su demanda contra la ordenanza reguladora de la tasa de basura aprobada por el anterior equipo de Gobierno de Paterna liderado por Francisco Borruey.

Ante este fallo, los socialistas recriminan a Agustí que “su mala fe, su temeridad y su incansable protagonismo mediático” va a costar dinero a aquellos vecinos que, confiando en él, recurrieron una tasa de basura que, “tanto la justicia como diferentes estudios económicos-financieros, consideran conforme a derecho”.

En su resolución, los magistrados del Tribunal Supremo vuelven a rechazar los argumentos esgrimidos por Agustí y siguen considerando que no existe el objeto del recurso, puesto que la tasa de basura de 2007 que se recurre fue derogada por el propio Agustí en agosto de 2007, explican desde el PSPV.

Según los socialistas, el Tribunal Supremo “ratifica en todo momento lo dispuesto en la sentencia dictada por el TSJCV, de 10 de diciembre de 2008, que dejaba en evidencia la actuación de Lorenzo Agustí calificándola de ‘ejemplo de dilación procesal, falta de coherencia, abuso de derecho merecedor del mayor de los reproches por prolongar innecesariamente un pleito inútil’”.

Por todo ello, el PSPV exige a Agustí que asuma las responsabilidades políticas que le correspondan “por engañar y estafar a una buena parte de los paterneros para acceder a la Alcaldía, primero animándoles al impago de una tasa municipal y convirtiéndoles en morosos y deudores con el consistorio y después, cobrándoles con recargo la misma tasa que él les aconsejó no abonar”.

Asimismo, le piden que “no siga manchando el buen nombre de Paterna y deje de hacer el ridículo prolongando innecesariamente un pleito judicial que ya le ha valido dos duras reprimendas de los altos tribunales”.

Por último, los socialistas recriminan al alcalde que “se preocupe más por litigar contra una tasa de basura que se ha demostrado legal y menos por la situación económica que están atravesando los ciudadanos del municipio que dirige”.

Compromís acudirá al Tribunal de Cuentas

Por su parte, el grupo de Compromís per Paterna, ha anunciado que va a llevar al Tribunal de Cuentas toda la documentación para que determine si Lorenzo Agustí y los miembros de la Junta de Gobierno Local (JGL) que suspendieron la tasa “han cometido un delito de responsabilidad contable, puesto que puede ser que la tasa haya prescrito”.

Para la portavoz de Compromís en Paterna, Loles Ripoll, “el alcalde convirtió en deudoras a muchas personas de Paterna que creyeron su promesa de que no pasaba nada si no pagaban la basura de 2006. Tasa que el PP también recomendó que no se pagara porque ellos mismos decían que era ilegal. Toda esta gente ya se ha convertido en el grupo de los ‘damnificados de Agustí’. Y ahora a todo esto se añade la sentencia desfavorable del Tribunal Supremo que también afecta a todos aquellos que junto con Agustí pusieron un recurso contra la tasa”.

“Los delirios del alcalde han llevado al municipio a una situación kafkiana ya que gente del Partido Popular, Lorenzo Agustí y 154 personas más, pusieron en 2007 un recurso al TSJ contra el ayuntamiento. Las dos sentencias del TSJ dan la razón al Ayuntamiento, desestimando el recurso de Lorenzo Agustí, quien después hace un recurso de casación al Tribunal Supremo contra el Ayuntamiento del cual ya es alcalde, una maniobra surrealista, con la única intención posible de alargar la mentira del 2007, que ahora se le ha desmontado”, ha explicado Ripoll.

Desde Compromís “pedimos explicaciones y que el alcalde tenga valor de dar la cara ante la ciudadanía y asumir su responsabilidad. Por ello consultaremos con el Tribunal de Cuentas para que resuelva sobre si hay un presunto delito de responsabilidad contable de Agustí y de los miembros de la JGL que en su día aprobaron la suspensión de la tasa”, concluye la portavoz municipal, Loles Ripoll.

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