El Supremo desestima el recurso de casación de Ayuntamiento y Generalitat contra la suspensión cautelar de Nou Mil•leni

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El Tribunal Supremo ha decidido desestimar los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Catarroja, la Generalitat e IMPROVA para conseguir que se retire la suspensión cautelar del PAI Nou Mil•leni, decidida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat el 25 de mayo de 2009. El Supremo ha fallado además imponer las costas del recurso de casación a los recurrentes.
Según la sentencia, los recursos de casación que, en última instancia, se refieren al auto del TSJCV con fecha 25 de mayo de 2009 deben ser desestimados porque la medida cautelar de suspensión que fue adoptada en los autos recurridos quedó sustituida, en un auto posterior, por otra medida cautelar de diferente alcance.

Se refiere la sentencia al auto con fecha 25 de junio de 2010 por el que se estima en parte la solicitud de modificación de medidas cautelares y se alza parcialmente la suspensión acordada permitiendo la tramitación administrativa de los instrumentos de gestión urbanística pero sin poder materializar obra alguna de manera que el suelo afectado quede “incólume”. Es decir, el Supremo considera que no ha lugar a recursos contra un auto que ya fue sustituido por otro posterior que es que se mantiene vigente: aquel que permite que continúen los trámites administrativos del PAI pero impide que comiencen las obras.

“Nuevo varapalo judicial”

Los grupos de la oposición se han afanado por analizar este fallo del Supremo que los socialistas han calificado de “nuevo varapalo judicial a los intentos del PP y de su alcaldesa, Soledad Ramón, de desbloquear el proyecto Nou Mil•leni en Catarroja”. El candidato socialista a la Alcaldía, Alberto Gradolí, ha lamentado “el empecinamiento sospechoso del PP de Catarroja en esta salvajada urbanística que tiene un fuerte olor marbellí llegando incluso a defenderlo “a capa y espada con dinero público”.

“Es penoso que nos estén escurriendo los bolsillos a los catarrojenses a golpe de impuestos desorbitados y que nos hayan endeudado hasta los dientes para después gastarse ese dinero defendiendo en los juzgados un proyecto privado que sólo beneficia a unos cuantos”, ha declarado Gradolí quien equipara PP y Soledad Ramón a Nou Mil•leni.

Según el PSPV, el equipo de Gobierno se ha gastado alrededor de 70.000 euros en el proceso judicial para la defensa del PAI Nou Mil•leni y en informes jurídicos. La cifra podría ascender hasta los 100.000 euros y “si, además, tenemos en cuenta lo que se ha podido gastar la Generalitat, podríamos disponer en Catarroja de un centro de salud integral nuevo y digno”, aclaran.

Por otra parte, los socialistas han recordado que su partido ha sido el único que “se ha rascado los bolsillos y ha acudido a los tribunales para parar esta salvajada urbanística”. “Nosotros nos gastamos nuestro dinero en defender los intereses generales mientras que el PP se gasta el dinero de los demás, de todos nosotros, para defender intereses particulares, esa es la diferencia”, declaran.

El Bloc pide que lo pague la alcaldesa

El portavoz del Bloc en el Ayuntamiento, Jesús Monzó, ha exigido a la alcaldesa que pague ella de su bolsillo los costes del recurso de casación, que asciende a la cantidad de 3.000 euros porque considera que los ciudadanos de Catarroja “no tienen porqué pagar los caprichos del gobierno popular y sus intereses particulares”.

Monzó ha calificado de extraordinaria noticia el hecho que el Tribunal Supremo (TS) haya decidido rechazar los recursos de casación presentado por la Generalitat y el equipo de Gobierno municipal (PP-UV) contra la suspensión cautelar del PAI Nou Mil•leni.

Una vez más, según afirma el candidato del Bloc a la Alcaldía, “la justicia ha vuelto a dar la razón al sentido común” y ha añadido que “Soledad Ramón y el PP parece que no quieren enterarse y lejos de renunciar a un proyecto como este, lo único que están haciendo es gastarse el dinero de todos con recursos y recursos”.

EU espera que la suspensión sea definitiva

Por su parte, EU ha mostrado su deseo de que la suspensión cautelar de Nou Mil•leni pronto sea definitiva y ha lamentado que la justicia haya tenido que poner fin a una decisión política “de la derecha” y que, además, “toque pagar con dinero público las costas de la tramitación judicial”.

Para EU, parece que está llegando el final de “la pesadilla llamada Nou Mil•leni” con este fallo del Tribunal Supremo. Para la edil de EU, Rosa Pérez Garijo “esperamos que esta decisión sea el punto y final de esta aberración urbanística y social” y que “todo esto no sea porque las empresas no tienen ahora dinero para empezar las obras”.

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