El pleno rechaza dos recursos contra la modificación jurídico-económica del PAI Nou Mil•lenni

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El pleno de Catarroja ha rechazado hoy, en sesión extraordinaria, dos recursos presentados por dos empresas con sede social en Catarroja –Futur Habitat e Industrial y Comercial Maderera-, contra la modificación jurídico-económica del PAI Nou Mil•lenni. Este macroproyecto urbanístico todavía se enfrenta a tres recursos más de afectados así como a los recursos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y de la Comisión Europea en el Tribunal Europeo.
La sesión, a la que han asistido como público una decena de personas de la plataforma Salvem Catarroja, ha durado alrededor de una hora tras comenzar a las 08:00.

Para el grupo municipal socialista, seguir adelante con este proyecto sólo obedece a la intención de rescatar a la constructora Llanera. “No tiene otra explicación que se encuentren paralizados todos los grandes PAIs excepto este, que es el asidero y la salvación de Llanera”, ha asegurado el portavoz socialista, Wilson Ferrús.

“Tienen una prisa inusitada en avanzar en este proyecto que seguramente será declarado ilegal dentro de tres o cuatro años. ¿Qué pasará cuándo esto ocurra? ¿Qué ya habremos salvado a Llanera y sentenciado a Catarroja?”, se pregunta Ferrús.

De hecho, su formación ha exigido en el pleno, sin obtener contestación, saber quien hay pagado el informe jurídico en que se basan para rechazar los recursos o por qué razón han tardado tres años en presentar “esta modificación encubierta de la proposición económica aprobada en el 2006 si la arquitecta ya señalaba un año antes lo que debería de introducirse”.

Tampoco ha contestado el PP a la pregunta del portavoz socialista sobre el incumplimiento del artículo 13 de la Ley de Ordenación del Territorio (LOT) en la proposición jurídico-económica sobre la obligación de ceder suelo no urbanizable protegido al Ayuntamiento.

El PSPV estima que el acuerdo del 15 de diciembre, recurrido, que tiene por objeto modificar las condiciones jurídico-económicas del PAI Nou Mil•leni “no sólo resulta contrario a los más básicos principios de la contratación administrativa, como son el de publicidad y concurrencia en la adjudicación de contratos ya que altera ex post facto las condiciones económicas de una contratación administrativa realizada sin seguir los más elementales cauces legales, para llevar a efecto un PAI que, además de vulnerar el ordenamiento jurídico en materia de contratos de la administración supone una contravención a la normativa urbanística”.

Incluso ha asegurado que el acuerdo aprobado por PP-UV “incrementa las cargas originalmente previstas para los propietarios, lo que se puede considerar como una retasación de cargas encubierta”.

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