El juicio al padre de una de las niñas de Alcàsser será finalmente el 20 de febrero

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El Juzgado de lo Penal número 2 de Valencia celebrará finalmente el próximo 20 de febrero el juicio por injurias y calumnias contra Fernando García, padre de una de las tres niñas de Alcàsser asesinadas en 1992, han confirmado hoy fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El proceso, que se prolongará durante siete jornadas y por el que García se enfrenta a 16 años de prisión por descalificar al fiscal y al tribunal en un programa de Canal 9, se ha suspendido en varias ocasiones, la última el pasado 17 de noviembre, cuando la vista oral quedó suspendida al solicitar el acusado el aplazamiento al encontrarse su abogado enfermo.

García y el criminólogo Juan Ignacio Blanco se enfrentan a una pena de 16 años de prisión por descalificar al fiscal, a la Guardia Civil, a los forenses y a los tres magistrados del tribunal en un programa de la televisión autonómica valenciana, emitido mientras tenía lugar la vista oral contra el único autor juzgado del crimen de Alcásser, Miguel Ricart.

En el juicio también comparecen como acusados la presentadora del programa emitido por Canal 9, Amalia Garrigós, y el director del mismo, Ferrán Pérez, para quienes el fiscal solicita sendas penas de 4 años de prisión.

Durante la celebración del juicio contra Ricart por el triple crimen de Alcàsser en la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia, entre mayo y julio de 1997, Canal 9 emitió “todas las tardes” un programa titulado ‘El juicio de Alcàsser’.

Según relata la calificación del Ministerio Público, el espacio incluía una tertulia entre la presentadora y los invitados en la que se comentaba la sesión del juicio celebrada por la mañana.

En estas tertulias “se estuvieron profiriendo expresiones del todo maliciosas con respecto a las actuaciones del fiscal del caso, Enrique Beltrán”, que entonces era fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Estas expresiones también se dirigieron contra los peritos médicos y la Guardia Civil como institución, “no salvándose” de las mismas “ni los miembros del tribunal” de la Sección Segunda.

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