El grupo socialista cree que el Ayuntamiento podría haber “falseado” un certificado del registro de propiedad sobre el aval de Urbanite

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La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Rocafort, Amparo Sampedro, ha solicitado por segunda vez al alcalde copia del documento que acredite el ingreso del aval definitivo que la empresa URBANITE, SL, debió haber depositado en el Ayuntamiento en mayo de 2006, y que rondaría los 900.000€ por el PAI del Bovalar. A su juicio, el alcalde podría haber “falseado” el contenido del certificado del Registro de la Propiedad.
El 19 de febrero de 2009, el concejal del grupo municipal socialista, Luis Linares, solicitó al Registro de la Propiedad de Moncada el certificado de la situación registral en que se encuentra el PAI del Bovalar y de no estar inscrito, de los motivos que lo impiden.

En el certificado expedido consta que, entre otros Hechos y Fundamentos de Derecho, “En el proyecto no se acreditan los avales que debe prestar el agente urbanizador, URBANITE SL, al Ayuntamiento de Rocafort, garantizando la urbanización. Artículo 49, Ley 16/2005, de 30 de diciembre, ley Urbanística Valenciana” (LUV)

Contrariamente, el Ayuntamiento publicó una nota informativa en la que indicaba textualmente: “[…] El Registrador de la Propiedad de Moncada, emitió nota de calificación de defectos […]La calificación recoge diez puntos a subsanar, y entre ellos no se encuentra la acreditación de existencia de aval del artículo 29.8 de la LRAU”.

El Ayuntamiento “no sólo no se ajusta al contenido literal del certificado original del Registro de la Propiedada de Moncada, sino que falsea la referencia a la Ley que debe ser de aplicación según el Registrador -la LUV-, que entró en vigor el 30 de diciembre de 2005, en sustitución de la LRAU”.

La portavoz socialista y la concejala Pilar Núñez, pudieron examinar en las dependencias municipales las copias -no compulsadas- de los avales constituidos el 28 de abril de 2006, y que suman 542.433, 04 euros, y la copia del convenio suscrito entre URBANITE y el Ayuntamiento, firmado el 2 de mayo de 2006. Todo ello al amparo de la LRAU, que ya había sido sustituida por la Ley Urbanística Valenciana (LUV), cuatro meses antes.

El aval que exige el Registrador, es sensiblemente superior a los depositados en el Ayuntamiento por la empresa Urbanite. “Los avales se constituyeron el 28 de abril de 2006 y fueron depositados en el Ayuntamiento, sin embargo todavía hoy no han sido presentados en el Registro de la Propiedad”, ha explicado Sampedro.

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