El Consell aprobará el viernes el presupuesto que garantiza la continuidad de las subvenciones para dependientes

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El Consell aprobará en el pleno del próximo viernes el presupuesto que garantizará la continuidad del vigente contrato de la Generalitat con las residencias para personas dependientes, según ha informado en un comunicado el presidente de la patronal de residencias (Aerte), Alberto Giménez.
El máximo responsable de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana ha informado de que la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, le ha confirmado que la Generalitat no va a reducir las subvenciones para personas dependientes en residencias.

Este anuncio supone, según Giménez, un alivio para las familias de las cerca de 2.000 personas dependientes que podrían verse afectadas por la reducción de los servicios contemplados en el contrato de plazas de accesibilidad social que las residencias mantienen con la Generalitat.

Giménez ha asegurado estar “satisfecho” de la “plasmación real” del compromiso verbal adoptado la semana pasada por la titular de Bienestar Social y ha resaltado la “predisposición” mostrada por la administración para abordar los aspectos “que están fallando” en la aplicación de la ley de la Dependencia.

Además, ha señalado que la reunión mantenida con la consellera de Bienestar Social ha permitido establecer las bases para la creación de un grupo de trabajo para el desarrollo de la Ley de la Dependencia en la Comunitat Valenciana.

Esta comisión mixta, integrada por representantes de la patronal y de las Consellerias de Sanidad y Bienestar Social, se encargará de estudiar los informes económicos de Aerte para establecer un modelo sociosanitario “sostenible” y que garantice “los mejores servicios” para los dependientes.

La comisión abordará también el modo más eficiente para garantizar la atención de los dependientes, cubrir las 4.000 plazas disponibles en la actual red asistencial y fomentar el desarrollo de recursos complementarios como centros de día, servicios de ayuda a domicilio o teleasistencia.

La intención de la patronal es que se cumpla el articulado de la ley y se usen los recursos existentes para garantizar la atención de los dependientes graves o severos, mientras se estudian las mejores medidas para los dependientes más leves.

Según Giménez, esta política pretende que los ciudadanos en situación de dependencia dispongan de los recursos adecuados y sean atendidos por técnicos cualificados en una red que combine recursos públicos y privados.

El presidente de Aerte ha asegurado que esta actuación no sólo creará empleo y beneficiará a los dependientes, sino que generará retornos económicos directos e indirectos para la administración, lo que permitirá mejorar la atención a los dependientes.

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