CSI·F pide al Consell que garantice el cumplimiento de las normas de seguridad laboral en sus nuevas oficinas de Xirivella

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CSI·F ha exigido a la Generalitat que las nuevas oficinas funcionariales ubicadas en Ciudad Ros Casares en Xirivella cumplan la normativa en seguridad y adaptación laboral. Según ha informado el sindicato, “las oficinas siguen la legislación vigente para el alquiler pero carecen de numerosas condiciones necesarias para el desarrollo de actividades de empleados de la administración pública”.
La central sindical ha asegurado que la Generalitat “no ha tenido en cuenta algunas de las especificaciones obligatorias para la seguridad de los 210 trabajadores trasladados el pasado 1 de junio”. Según ha especificado, los funcionarios dependientes de las Direcciones Generales de Modernización y Patrimonio, ubicadas en la segunda y tercera planta de las oficinas de Ciudad Ros Casares, “no disponen de señalización luminosa que indique las salidas de emergencia, de botiquines de primeros auxilio ni de la adaptación total de aseos para personas discapacitadas”.

CSI·F ha recalcado que una de las competencias de la Dirección General de Modernización consiste en la concesión de las ayudas públicas por discapacidad denominadas Accestic. En este caso, los usuarios que vayan a solicitar estas subvenciones lo tendrán que hacer en las oficinas de Ros Casares, una “circunstancia paradójica al no realizar la administración la adaptación de los aseos”.

La central sindical ha lamentado la “carencia de puntos de registro y de carteles informativos donde los ciudadanos puedan consultar la ubicación física exacta de los despachos de Modernización y Patrimonio”. Del mismo modo, reclama que se garantice las líneas de transporte urbano hasta las inmediaciones de la ubicación de las nuevas oficinas.

CSI·F entiende que la Generalitat “ha actuado de manera ilícita al realizar un traslado forzoso”, ya que ha desplazado a funcionarios con plaza en la ciudad de Valencia a la localidad de Xirivella. Además, el sindicato considera que deberían haberse programado “las obras de adaptación necesarias para el desempeño de la actividad laboral pública antes de realizar el traslado”.

El sindicato CSI·F urge a la Administración a que adapte las nuevas oficinas de Ros Casares para el desarrollo laboral de la función pública “según lo establecido por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo”. Por otro lado, reclama que instaure líneas de transporte urbano para facilitar el acceso a las nuevas instalaciones de los usuarios y trabajadores.

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