Benetússer clama contra la corrupción política

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El pleno del Ayuntamiento de Benetússer ha aprobado por unanimidad una moción contra la corrupción que insta al Congreso de los Diputados a realizar las reformas legislativas oportunas para luchar contra ella realizando cambios en el Código Penal que establezcan responsabilidades penales para los condenados por corrupción.
El texto, presentado por el Partido Popular al que se añadieron propuestas de otros partidos, expone que la corrupción se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos según los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas. Además, añade que los casos de corrupción no sólo tienen “indignados” a los ciudadanos sino también a los “políticos honrados”.

“Para recuperar el buen nombre y los valores de la actividad pública”, según la moción, resulta “primordial situar fuera de la política a todas las personas corruptas y cerrar todas las puertas a la corrupción en las instituciones públicas”.

“Creemos que es totalmente necesario que las personas que nos dedicamos a la política seamos quienes en primer lugar nos comprometamos y demos ejemplo de rechazo y persecución de esta realidad, actuando con transparencia, fortaleciendo el control público, consiguiendo para ello las leyes y normas necesarias, porque, entre otras cosas, están en juego los principios de la democracia”, se lee en la moción.

Para luchar contra la corrupción, el Ayuntamiento de Benetússer insta al Congreso de los Diputados a realizar las reformas legislativas oportunas para poder combatirla realizando cambios en el Código Penal que definan responsabilidades penales para los corruptos. También reclama a los partidos políticos que su respuesta ante las acciones de este tipo sea “rápida, clara y nítida” respetando el derecho constitucional a la presunción de inocencia.

Además, se solicita la creación de una oficina anticorrupción que vigile el comportamiento de los responsables públicos y de los funcionarios públicos que participan en la gestión económica y de contratación de los ministerios, organismos y empresas públicas. Sus competencias se propone que se extiendan al ámbito de las corporaciones locales.

Se pide también que las empresas que aparezcan condenadas en un supuesto caso de corrupción política no puedan contratar con ningún organismo ni empresa pública mientras dure la condena de los responsables. Asimismo, se exige prohibir que las empresas puedan hacer donaciones a los partidos políticos, ya que las empresas “no tienen ideología, sino intereses”.

Por último, la moción muestra su “máximo desprecio y máxima condena” hacia todas aquellas personas, partidos o entidades públicas que aprovechándose de sus cargos públicos y poder político o económico, cercanía a quienes lo ostentan, información privilegiada, o cualquier otra razón, han llevado o lo están haciendo, prácticas corruptas.

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