Alcaldía informa de que los avales de PAI Bovalar están depositados y niega cualquiler relación con la empresa Begar

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El equipo de Gobierno de Rocafort ha asegurado que los avales preceptivos que marca la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) están depositados y tienen un importe conjunto de 542.433, 04 euros, a fecha 28 de abril de 2006. Asimismo, niega cualquier relación con la empresa Begar Construcciones y Contratas y con José Luis Ulibarri, investigado a nivel nacional por el juez Baltasar Garzón.

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Así se han pronunciado desde Alcaldía en respuesta a las declaraciones del grupo municipal socialista publicadas ayer y que consideran “falsas y/o manipuladas”.

Por otra parte, han explicado que el Registrador de la propiedad de Moncada, emitió nota de calificación de defecto, la cual tuvo entrada en el Ayuntamiento en fecha 30 de diciembre de 2008, R.E. núm. 7182. “La calificación recoge diez puntos a subsanar, y entre ellos no se encuentra la acreditación de existencia de aval del art. 29.8 de la LRAU”, han añadido.

De entre los puntos incluidos en la calificación, el Ayuntamiento está en disposición de cumplimentar nueve de ellos, quedando pendiente el primero y mas importante punto que es el referido a la necesidad de que el Ayuntamiento de Godella certifique que determinados terrenos que pertenecían al término municipal de Godella, pasaron al de Rocafort en virtud de expediente de redelimitación de términos, “haciéndose constar que, sin causa justificada alguna, Godella no se ha pronunciado al respecto, hasta la fecha, pese a haber sido requerida para ello por escrito”.

En cuanto a las presuntas irregularidades denunciadas en relación con el procedimiento empleado para la aprobación del PAI, “el cual debemos recordar fue aprobado con los votos afirmativos del PP y del PSOE”, el Tribunal Superior de Justicia, mediante sentencia nº 1626, ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto.

Entre otras consideraciones establece que la exposición al público hecha por el Ayuntamiento de Rocafort en la tramitación del PAI “fue correcta” y, en cuanto a la alegación referida a la indebida modificación del Plan general, en opinión del recurrente, por el hecho de que incluye el PAI suelo no urbanizable y de especial protección asegura que “se debe desestimar”.

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