La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) denunció hoy en un comunicado que las alarmas de detección de incendios de la cárcel valenciana de Picassent llevan más de un año de funcionar, y que los funcionarios del centro siguen cambiándose de ropa de trabajo "en unas condiciones indignas".
Miembros de Acaip expusieron esta queja la semana pasada al subdirector general de Servicios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con quien se reunieron el día 8 de mayo, y a quien también le recordaron que, en total, el centro tiene varias obras pendientes "desde hace más de tres años".
En cuanto a las alarmas de incendios, indicaron que su carencia "está poniendo en grave peligro" la integridad física de los trabajadores y los internos, ya que en caso de incendio fortuito o intencionado, "la detección del mismo podría no producirse hasta que hubiera alcanzado importantes proporciones". Sin embargo, criticaron, esta obra "no es considerada como prioritaria por el subdirector general".
Además, lamentaron que los funcionarios del centro siguen cambiándose de ropa de trabajo "en unas condiciones indignas", puesto que "no hay unos vestuarios que cumplan, ya no con las normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sino con las desalubridad". Así, señalaron que "muchas taquillas" están ubicadas junto a los servicios, por lo que mientras unos funcionarios se están cambiando, "otros están haciendo sus necesidades". Además, agregaron que en otros vestuarios no hay una ventilación directa, ni entra la luz del sol.
Por otro lado, criticaron que la obra que impide el acceso a los visitantes y a los internos en tercer grado a los vehículos de los trabajadores está inacabada desde hace más de tres años. Mientas tanto, dijeron, "cientos de personas tienen acceso cada día a esos vehículos, produciéndose periódicamente daños en los mismos".
Además, señalaron que el hecho de que esta obra esté inacabada, "supone que todos los visitantes que acuden al centro tengan que dar un rodeo de casi 10 minutos para avanzar 10 metros, por lo que terminan pagando la frustración que les produce este hecho con los funcionarios de servicio".
Ante este problema, lamentaron que al "brillante" subdirector "solo se le ocurre trasladar todo el edificio de comunicaciones de la zona de Preventivos, y crear una nueva entrada para el Centro de Inserción Social, con un coste desorbitado e inasumible".
Asimismo, indicaron que se están planeando reformas de módulos "cuando la necesidad que motivaba las mismas ha cambiado". Así, recordaron que se van a producir reformas en algunos módulos del centro, algunas con un coste superior a los 600.000 euros, cuando la necesidad real del centro está, "no en más módulos de Primer Grado, sino en otros que absorban el incesante incremento de internos preventivos".
En resumen, señalaron que la "errática política" de la Secretaría General de Instituciones "se manifiesta en todos los aspectos, también a la hora de materializar y concretar las obras a desarrollar en los centros penitenciarios".
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