La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal especializada en el fraude masivo en el sector de las bebidas alcohólicas, que defraudó cerca de 69 millones de euros entre 2018 y 2024 al eludir el pago del IVA correspondiente a las transacciones comerciales realizadas.
Según ha informado en un comunicado la Dirección General de la Guardia Civil, ocho personas han sido detenidas en València, Madrid, Barcelona, La Coruña, Ibiza y Jerez de la Frontera (Cádiz) en la denominada Operación Gallagher, que ha estado dirigida por Fiscalía Europea.
La organización criminal, con importantes vinculaciones internacionales, estaba especializada desde hace años en el perfeccionamiento de delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea y contra la Hacienda Pública.
Operaba en el mercado de las bebidas alcohólicas a través de una estructura empresarial formada por 93 mercantiles españolas, portuguesas, alemanas, maltesas y de Islas Turcas y Caicos, que contaba con una estructura de empresas paralela, a través de la que se canalizaban los fondos de procedencia delictiva que luego blanqueaban.
La investigación se ha centrado en un posible fraude intracomunitario de IVA, que aprovechaba las normas de la UE en las transacciones entre Estados miembros, exentas de IVA, así como el posterior blanqueo de los beneficios. Fue el Área Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Valencia quien denunció esta trama ante la Fiscalía Europea en 2023.
El fraude se realizaba con la participación de depósitos fiscales establecidos principalmente en Holanda, Portugal y España.
Los investigadores han constatado la importación de grandes cantidades de alcohol desde depósitos fiscales de distintos estados miembros hasta un depósito fiscal en España, lugar donde el alcohol ingresa con suspensión del pago de tributos, conforme a la legislación europea.
El impuesto se devengaría sólo cuando los productos salían del depósito fiscal hacia una distribución comercial o de consumo. Una vez allí, intermediarios ficticios, ‘missing traders’, instalados en España y controlados por la organización, adquirían el alcohol, se hacían cargo del IVA, y luego desaparecían sin cumplir sus obligaciones fiscales.
El alcohol se vendía después a través de una red de empresas ficticias, con facturas falsas, con el fin de ocultar toda la cadena fraudulenta. Finalmente, el producto se distribuía en España mediante distribuidores controlados por la red criminal, cuyo IVA correspondiente aparentemente repercutido de forma correcta en factura nunca había sido realmente ingresado.
Esto permitía rebajas ilícitas de precio, con la consiguiente competencia desleal.
Los cabecillas de la organización, dirigida por tres ciudadanos españoles, se valían de una estructura de testaferros situados al frente de numerosas empresas instrumentales, lo que les permitía desvincularse aparentemente de la actividad comercial, dificultar la trazabilidad del producto y hacer recaer sobre estas empresas las responsabilidades penales derivadas de la actividad delictiva.
La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Central Operativa, a través de su Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, junto con la Agencia Tributaria a través de la Oficina Nacional del Fraude (ONIF), todo ello bajo la dirección de la Fiscalía Europea (EPPO).
