El balance de seguridad vial del mes de febrero en la provincia de Valencia revela una actividad incesante de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. De los 167 conductores puestos a disposición judicial en toda la Comunitat, la provincia de Valencia vuelve a situarse a la cabeza, rozando el centenar de investigados por delitos que superan la simple sanción administrativa para entrar en la vía penal.
Foco en los accesos a la capital y el área metropolitana
Durante el pasado mes, los controles se han intensificado especialmente en las vías de gran capacidad que rodean Valencia, como la V-30, la V-31 (Pista de Silla) y la A-7. El objetivo de Tráfico ha sido detectar conductas temerarias antes de que provoquen accidentes, poniendo el foco en conductores que circulaban bajo los efectos de sustancias o sin la documentación en regla.
Principales delitos detectados en Valencia
Según los informes del Instituto Armado, las causas que han llevado a estos conductores valencianos ante el juez se resumen en tres bloques críticos:
Tasas de alcoholemia superiores a 0,60 mg/l: Un delito recurrente en los controles nocturnos y de fin de semana en las zonas de ocio del área metropolitana.
Conducción bajo el efecto de drogas: Un factor que ha experimentado un repunte en las vías secundarias de la provincia.
Pérdida de vigencia del carné por puntos: Conductores que, a pesar de haber perdido su derecho a conducir, seguían circulando de forma habitual por la provincia de Valencia.
Prevención ante las Fallas
Este balance de febrero sirve como antesala al despliegue especial que la Guardia Civil de Tráfico está realizando ya con motivo de las Fallas. Las autoridades advierten de que durante el presente mes de marzo la vigilancia será aún más estricta, con controles aleatorios en todas las entradas y salidas de Valencia para evitar que la combinación de alcohol y volante empañe las fiestas.
Los conductores investigados se enfrentan ahora a juicios rápidos que suelen derivar en la retirada inmediata del carné de conducir por periodos de hasta cuatro años, además de las correspondientes multas económicas o penas de trabajos para la comunidad.
Consecuencias penales
Estos 167 conductores se enfrentan ahora a penas que, dependiendo de la gravedad y la reincidencia, pueden incluir:
Prisión de tres a seis meses.
Multas económicas de seis a doce meses.
Trabajos en beneficio de la comunidad.
Y, en todos los casos, la privación del derecho a conducir vehículos a motor por un tiempo superior a un año.
