El claustro del CEIP Pare Català de València ha presentado una queja formal ante la Dirección General de Inclusión Educativa de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat por la grave falta de personal especialista en Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y Educadores/as.
Según los datos remitidos, el centro cuenta actualmente con 68 alumnos que requieren apoyo de Audición y Lenguaje, con una necesidad mínima estimada de 196 sesiones semanales, que podría alcanzar las 264 en los casos de atención intensiva. Sin embargo, solo dispone de 1,5 especialistas de AL de forma efectiva, ya que una de las docentes ejerce funciones de secretaría y otra no se ha incorporado todavía. En la práctica, el alumnado que necesita entre 5 y 6 sesiones semanales recibe un apoyo muy inferior.
En el caso de Pedagogía Terapéutica, el centro tiene 58 alumnos diagnosticados, que requerirían entre 212 y 270 sesiones semanales, pero únicamente dispone de 4,5 especialistas, lo que dificulta ofrecer una atención mínima de calidad.
El claustro advierte que la situación se agrava conforme avanza el curso, ya que se realizan nuevas valoraciones socio-psicopedagógicas y este alumnado aún no está incluido en los recursos asignados. “Con los medios actuales, es materialmente imposible atender a todo el alumnado que lo necesita. Estamos ante un déficit crónico que afecta gravemente al desarrollo y a la inclusión de nuestros alumnos más vulnerables”, según señalan en el escrito remitido a la Conselleria.
"La actual dotación no es sostenible ni aceptable"
La queja reclama el incremento inmediato de personal especialista en función de las necesidades reales del alumnado; la revisión de los criterios de dotación de recursos para ajustarlos al volumen e intensidad de las necesidades y la garantía de una atención inclusiva y de calidad, tal como establecen la LOMLOE y los decretos autonómicos en materia de inclusión educativa.
El claustro considera que la actual dotación “no es sostenible ni aceptable” y exige a la administración autonómica una respuesta clara y urgente que permita garantizar una educación equitativa y justa para todo el alumnado.
