El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Mislata ha rechazado con sus votos la creación de una Comisión Especial de Investigación para analizar las circunstancias del accidente del castillo hinchable ocurrido el 4 de enero de 2022, en el que murieron dos niñas de cuatro y ocho años.
La propuesta planteaba celebrar tres sesiones de trabajo: una técnica con la comparecencia de personal municipal y responsables políticos del área implicada, otra con los promotores de la feria y técnicos privados, y una tercera para dar voz a las familias de las víctimas si así lo deseaban. El objetivo era esclarecer los hechos, depurar posibles responsabilidades y reforzar la confianza institucional.
Desde el PP, el concejal Fernando Gandia ha señalado que existen “demasiadas preguntas sin respuesta” y ha defendido la necesidad de una investigación municipal paralela al proceso judicial para garantizar transparencia y respeto hacia las familias afectadas.
Por parte del PSPV, el concejal Ximo Moreno ha explicado que la moción responde a un “oportunismo político” y ha indicado que el grupo socialista prefiere esperar a que concluya el procedimiento judicial para evitar interferencias. El edil ha afirmado que una comisión municipal podría reabrir el dolor de las familias y ha defendido que no existen, por el momento, indicios de responsabilidades políticas directas.
Compromís, a través de la concejala Sílvia Maiques, ha recordado que su grupo ya solicitó una comisión tras el accidente y ha reprochado al alcalde Carlos Fernández Bielsa no haberla impulsado entonces. Vox también ha apoyado la iniciativa, subrayando la necesidad de transparencia y responsabilidad institucional.
Tras el rechazo de la comisión, los padres de Vera, una de las menores fallecidas, han criticado públicamente al alcalde en redes sociales, acusándolo de mentir sobre su cercanía a la familia y reprochándole la negativa a abrir una investigación municipal. La familia ha reiterado que su única intención es obtener respuestas y que se depuren responsabilidades, al margen de consideraciones políticas.
El caso continúa judicializado, mientras persiste el debate político y social sobre la gestión municipal del accidente y la atención institucional a las familias afectadas.
