Paiporta aprueba una moratoria para impedir convertir locales en planta baja en viviendas ante el riesgo de inundaciones

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El Ayuntamiento de Paiporta ha aprobado una moratoria de dos años en la concesión de licencias y declaraciones responsables para cambiar el uso de locales comerciales a uso residencial, tanto privado como público. La medida incluye viviendas particulares, hoteles, apartamentos o residencias y estará vigente mientras se revisa el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

DANA farmacia PaiportaLa moción fue aprobada en el pleno municipal del ayuntamiento de Paiporta de octubre con los votos a favor de PSPV, Compromís y PP, y el voto en contra de Vox. El objetivo es garantizar la seguridad de las personas y los bienes ante los riesgos de inundación, tras los daños sufridos en la localidad durante la DANA del 29 de octubre de 2024, y permitir una revisión en profundidad de la normativa urbanística.

La vicealcaldesa de Paiporta, Marian Val, ha explicado que “esta propuesta no es improvisada. Responde a un informe técnico y jurídico riguroso, elaborado tras la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó a Paiporta como el municipio más afectado de toda la comarca”.

Val ha destacado que “la normativa valenciana nos obliga a aplicar el principio de precaución: evitar cualquier actuación urbanística que pueda incrementar la vulnerabilidad de las personas y de los bienes”.

Según la vicealcaldesa, “la suspensión nos permite ganar tiempo y espacio para repensar nuestro modelo urbanístico. Queremos un pueblo que combine reconstrucción y protección ambiental, y que dé estabilidad a la ciudadanía”.

Revisión del Patricova

La decisión se enmarca en el contexto de la revisión del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA  y de la nueva planificación autonómica, que establecerá criterios más estrictos para los usos residenciales en planta baja en los municipios afectados por las inundaciones de 2024.

Con esta medida, Paiporta se adelanta a las exigencias autonómicas y sitúa la seguridad y la prevención como ejes prioritarios de su desarrollo urbano.

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