La ciudad de Valencia ha sido escenario este sábado de una de las movilizaciones más tensas y masivas de los últimos tiempos. Convocada por más de un centenar de organizaciones sociales y plataformas de víctimas, la marcha ha canalizado la indignación ciudadana diecisiete meses después de la tragedia que marcó la historia de la región, situando en el centro de las críticas al expresident Carlos Mazón y su actual situación procesal.
Críticas a la gestión y al aforamiento judicial
La manifestación, que partió a las 18:00 horas desde una Plaza del Ayuntamiento desbordada, ha tenido como eje principal la denuncia de la gestión política realizada durante las horas críticas de la riada. Los asistentes han coreado consignas como «No fueron muertes, fueron asesinatos», reflejando el sentimiento de una parte de la sociedad que considera negligente la tardanza en el envío de las alertas civiles.
En el manifiesto leído frente al Palau de la Generalitat, los portavoces de las víctimas han calificado de "insulto" que la justicia mantenga la condición de testigo para el expresident, exigiendo que se retire el aforamiento para que pueda ser investigado por las decisiones tomadas durante la crisis. La lectura ha sido especialmente dura con la capacidad operativa del Consell de aquel momento, señalando una falta de previsión que califican de "evitable".
Presencia política y tensión en las calles
La marcha ha contado con una nutrida representación de las fuerzas de la oposición, incluyendo a representantes del PSPV-PSOE, Compromís e Izquierda Unida, así como diversos movimientos sociales vinculados al pacifismo y la memoria democrática.
Sin embargo, el tramo final de la jornada ha estado marcado por la preocupación por la seguridad ciudadana. Desde la organización se ha emitido una alerta por megafonía advirtiendo de la presencia de grupos de ideología ultra en las calles adyacentes al recorrido oficial. Los convocantes han pedido a los asistentes "extremar la precaución" en el regreso a sus domicilios para evitar posibles incidentes o provocaciones de grupos que, según denuncian, buscaban amedrentar a los manifestantes.
Un conflicto social cronificado
Esta nueva movilización demuestra que la fractura social derivada de la catástrofe sigue vigente en la Comunitat Valenciana. Mientras el proceso judicial sigue su curso con cautela, la presión en la calle no disminuye, evidenciando que el cierre de las heridas políticas y sociales ligadas a la gestión de la emergencia todavía se encuentra lejos de producirse.
