El debate sobre la supresión del paso a nivel entre Foios y Meliana ha generado una nueva controversia institucional. El concejal de Urbanismo de Meliana, Pedro Cuesta, ha salido al paso de las críticas lanzadas por el alcalde de Foios, Sergi Ruiz, quien acusó al actual Consell de no dar continuidad a los grandes proyectos del anterior gobierno del Botànic, entre ellos esta actuación.
Entre los argumentos esgrimidos por Meliana para pedir la supresión del proyecto era que el paso subterráneo supondría un nuevo cauce de inundación para Meliana, de mantenimiento municipal y con problemas para el tráfico en episodios de lluvia.
Cuesta ha recordado que el nuevo acceso previsto desde el polígono de Foios conectaría de forma directa con la principal avenida comercial de Meliana "lo que afectaría al tráfico rodado y a la actividad comercial local" ya que el tráfico saldría directamente a Foios "y nadie que no vaya directamente a Meliana pasará por Meliana con el consiguiente y lógico enfado de los comerciantes locales".
Además, según ha recordado el también diputado provincial, las rotondas proyectadas "favorecerían principalmente a Foios, mientras que Meliana ya ha sufrido problemas de inundaciones similares en la rotonda de la calle Julio Benlloch y de la calle Túria, utilizada como acceso desde el municipio vecino".
Cuesta también ha criticado la creación de una balsa de laminación junto al casco urbano de Meliana, que, según el concejal, "podría convertirse en una zona insalubre por la acumulación de agua y la proliferación de mosquitos".
Meliana pide consensuar un nuevo proyecto
El concejal de Urbanismo de Meliana ha afirmado que el Ayuntamiento de Meliana "apuesta por la reivindicación histórica del soterramiento de las vías del tren a su paso por el casco urbano, una demanda compartida con Foios" pero ha recordado que ese proyecto paralizado "no es el proyecto ideal para Meliana".
Con estas declaraciones, el consistorio melianense ha dejado clara su oposición al actual proyecto de paso a nivel, y ha reclamado que las decisiones urbanísticas que afecten a ambos municipios sean consensuadas y respeten los intereses de cada localidad.
