Las asociaciones de víctimas de la DANA se concentrarán ante el juzgado este lunes por el careo entre Pradas y Cuenca

Las asociaciones de víctimas de la DANA han convocado para mañana lunes, a las 09:00 horas, una concentración frente a los juzgados de Catarroja. El objetivo es hacer oír su voz durante una de las jornadas más determinantes en la investigación judicial por la gestión de la catástrofe que costó la vida a 230 personas.

Un careo para resolver contradicciones

La investigación judicial sobre la tragedia de la DANA ha dado un giro dramático a pocas horas del careo previsto en los juzgados de Catarroja. Un informe oficial de la Generalitat ha revelado que José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón, borró y reseteó de fábrica su teléfono oficial antes de devolverlo a la Administración.

Este terminal —un iPhone 14 Pro Max— contenía información que la justicia considera crucial para determinar qué órdenes se dieron y qué sabía la Generalitat mientras el agua arrasaba l'Horta Sud.

Un teléfono vacío para una investigación crítica

El informe de la Dirección General de Tecnologías de la Información es demoledor: el móvil fue entregado con la configuración de inicio del fabricante, sin datos, sin aplicaciones y con el rastro de WhatsApp eliminado.

A pesar de que Cuenca declaró ante la jueza que su papel fue secundario y meramente "periodístico", los mensajes rescatados previamente por la defensa de Salomé Pradas demostraron que él llevaba la voz cantante. Fue Cuenca quien, a las 19:54h del día de la catástrofe, ordenó a la entonces consellera de Justicia: «Salo, de confinar nada por favor. Calma».

Mañana: Concentración y tensión en el juzgado

Esta revelación sobre el borrado de pruebas ha encendido los ánimos de las asociaciones de víctimas de la DANA, que mantienen su convocatoria de concentración para mañana lunes a las 09:00 horas ante el juzgado de Catarroja.

Las familias consideran que el reseteo del terminal es un intento de obstruir a la justicia y ocultar las comunicaciones cruzadas entre Cuenca, Mazón y Pradas durante las horas más críticas de la riada, que dejó 230 fallecidos.

Las claves del careo de mañana:

• Pradas vs Cuenca: La exconsellera mantiene que recibió órdenes directas de Presidencia, mientras Cuenca lo ha negado sistemáticamente.

• El informe de la Abogacía: Mañana también pesará el documento que confirma que la Generalitat tenía aval jurídico para confinar a la población, a pesar de que Cuenca envió mensajes diciendo lo contrario.

• La sombra de la imputación: Aunque Cuenca declara como testigo (obligado a decir la verdad), la aparición de estas "inexactitudes" y el borrado del móvil complican su situación procesal.

Datos de última hora:

• El detalle: El móvil estuvo activo hasta el 9 de diciembre; se desconoce el momento exacto en que se borraron los datos.

• Situación de Mazón: Al ser aforado, su responsabilidad solo puede ser dirimida por el TSJCV, pero la información de este careo será vital para que la jueza decida si eleva la causa.

El punto de fricción se centra en los mensajes enviados por Cuenca a Pradas. Mientras el exjefe de gabinete negó inicialmente haber dado instrucciones directas, han salido a la luz mensajes internos donde indicaba taxativamente: «De confinar, nada». Cuenca justificó posteriormente esta postura alegando una supuesta consulta a la Abogacía de la Generalitat que desaconsejaba tal medida.

El informe de la Abogacía desmiente la versión oficial

Sin embargo, un informe reciente de la Abogacía de la Generalitat aportado a la causa ha dado un vuelco a la investigación. Según este documento:

No hubo consulta escrita, pero sí llamadas telefónicas esa tarde.

El subsecretario de Justicia consultó si un confinamiento tendría soporte jurídico, a lo que la Abogacía contestó afirmativamente, indicando los preceptos legales en los que podría fundamentarse.

Es decir, la Abogacía sí respaldó la posibilidad de confinar a la población, contradiciendo la versión de que no había base legal para hacerlo.

Nuevos testigos en el punto de mira

Ante estas discrepancias, la jueza ha citado también como testigos al entonces subsecretario de la Conselleria de Justicia y a dos abogados de la Generalitat para esclarecer por qué no se ejecutaron medidas de protección pese a tener el aval jurídico.

Las familias de las víctimas, que estarán presentes mañana en las puertas del juzgado, exigen "verdad y justicia" ante lo que consideran una cadena de negligencias que resultó fatal.