La jueza que investiga la gestión de la catastrófica DANA del pasado 29 de octubre, que dejó 228 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales en la Comunitat Valenciana, ha solicitado nueva información crucial para el avance de la causa. En una reciente providencia, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Catarroja (ahora Plaza Número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja) ha puesto el foco en la actuación en el barranco del Poyo y la gestión de llamadas de emergencia del 112.
A petición de Acció Cultural del País Valencià, una de las acusaciones personadas, la jueza ha ordenado a la Conselleria de Emergencias que, en un plazo de cinco días, remita una copia de la nota enviada por Emergencias a las 12:30 horas del 29 de octubre, requiriendo vigilancia del río Magro y del Barranco del Poyo. Se exige identificar claramente al emisor y los receptores de dicha comunicación.
Además, se solicita al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia que aporte copia de la comunicación del coordinador de los Bomberos Forestales del Consorcio, identificándolo, en la que se dio el visto bueno para su activación, especificando que las zonas afectadas eran el río Magro (puente de Carlet) y el barranco del Poyo (Torrent-Picanya-Paiporta).
La jueza también ha reclamado un informe detallado sobre las unidades de bomberos movilizadas al Barranco del Poyo: se deberá especificar los puntos exactos donde trabajaron, las horas de llegada y finalización de sus tareas, y los informes que elaboraron sobre la situación en la zona. La investigación también busca saber el número de helicópteros de bomberos forestales disponibles por el Consorcio el 29 de octubre, si se solicitaron permisos de aviación civil para su operación y cuál fue el uso que se les dio ese día.
Por otro lado, a petición de la Confederació Intersindical Valenciana, la jueza ha oficiado a la Sala de atención de llamadas del 112. Se exige copia de los informes emitidos por el supervisor de la sala durante la noche del 28 al 29 de octubre de 2024, así como los tres informes redactados durante todo el día de la riada para el traslado de información en los cambios de turno de los supervisores. Finalmente, se solicita el envío de las dos grabaciones del mensaje 'VRU' emitidas desde la sala de atención de llamadas, junto con la certificación de la hora de su publicación y cambio en función de la evolución de la emergencia.
Estas nuevas peticiones de información son clave para esclarecer la cadena de decisiones y la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia durante las primeras y críticas horas de la DANA.
Jefa de Emergencias declara que bomberos fueron movilizados al Poyo, pero se desconoce la orden de retirada
La jefa del Servicio de Emergencias de la Generalitat Valenciana declaró el pasado 17 de junio ante la jueza que investiga la gestión de la trágica DANA del 29 de octubre. Confirmó que los bomberos forestales fueron movilizados al barranco del Poyo (Torrent, Paiporta, Picanya) a las 12:48 horas, según registros del sistema CoordCom.
Sin embargo, admitió desconocer quién ordenó su posterior retirada ni el momento exacto. No hay anotaciones en el sistema que justifiquen esta decisión. Este vacío documental contrasta con la versión del exjefe de Bomberos, José Miguel Basset, quien afirmó haber ordenado la retirada pasadas las 14:30 horas por un descenso del caudal y "la hora de comer", sin que esta orden quedara registrada.
La investigación judicial, que también evalúa el papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por sus tardíos avisos, busca esclarecer las responsabilidades en la tragedia que dejó 228 víctimas mortales. La ausencia de registros oficiales sobre la retirada de efectivos es una laguna clave en la coordinación de la emergencia.
