La jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa por la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, ha solicitado la imputación del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha elevado una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), órgano competente para investigarle por su condición de aforado al mantener su acta de diputado en Les Corts.
La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el TSJCV asuma la investigación en relación con la posible responsabilidad penal en las 230 muertes que dejó el temporal en la provincia de Valencia.
Reunión tardía del CECOPI y retraso en enviar Es-Alert
En el documento remitido al alto tribunal autonómico, la jueza enumera una serie de presuntas negligencias atribuidas al expresident. Entre ellas, señala la “convocatoria tardía” del Cecopi, el órgano de coordinación de emergencias de la Generalitat, así como el retraso en el envío de la alerta masiva a móviles (Es-Alert).
La instructora sostiene que la DANA “no fue un fenómeno meteorológico imprevisto” y que fue anunciada con antelación por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que activó alerta roja el mismo día del temporal. También apunta que la Generalitat disponía de información procedente del 112, que recibió cerca de 20.000 llamadas durante la jornada.
La magistrada afirma que “hubo una actividad negligente” por parte de quien ostentaba la presidencia de la Generalitat y que existió una “falta de coordinación en la administración autonómica”.
“Presunta grosera negligencia”
En su exposición razonada, la jueza alude a la comida que el expresident mantuvo en el restaurante El Ventorro de València mientras se agravaba la situación en distintos municipios afectados por la riada. El documento menciona una “presunta grosera negligencia” al describir una actitud pasiva durante varias horas en un contexto de emergencia.
Según la instructora, Mazón conocía desde primera hora de la tarde la dimensión de la crisis y, pese a ello, no suspendió su agenda. Asimismo, recoge mensajes intercambiados con miembros del Consell durante la jornada.
Tres escenarios para el TSJCV
El documento, de 109 páginas, deja ahora la decisión en manos del TSJCV, que deberá determinar si asume íntegramente la causa, solicita mayor fundamentación a la jueza instructora o rechaza la solicitud.
Hasta el momento, en la causa figuraban como investigados la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el exdirector general de Emergencias, Emilio Argüeso.
Tras conocerse la decisión judicial, representantes del PSPV y Compromís han pedido la entrega del acta de diputado del expresident, mientras que el Grupo Popular ha reiterado su respeto a las decisiones judiciales. Por su parte, asociaciones de víctimas han reaccionado con cautela y han señalado que la instrucción debe continuar con rigor.
