Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado este martes durante más de nueve horas el domicilio en Valencia del exministro de Transportes José Luis Ábalos, actual diputado del Grupo Mixto en el Congreso, en el marco de una causa abierta por el Tribunal Supremo sobre presuntos cobros de comisiones vinculados a contratos de material sanitario y obra pública.
La operación, ordenada por el magistrado Leopoldo Puente, ha comenzado sobre las 07:00 horas y ha finalizado pasadas las 16:30 horas, según fuentes jurídicas. Durante el registro, los agentes clonaron el contenido del teléfono móvil de Ábalos y se incautaron de memorias digitales cuya información también será copiada para su análisis.
El propio Ábalos ha explicado a los medios que “lo único que les interesaba” a los agentes era su móvil y algunas memorias externas, dos de las cuales no llegaron a clonar y han quedado a su disposición para su recuperación. “No se han llevado nada más”, ha declarado.
Contratos públicos señalados por De Aldama
Las diligencias, acordadas en una pieza separada y aún secretas, buscan documentación sobre contratos de obra civil que habrían sido preadjudicados a empresas seleccionadas, según el testimonio del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto conseguidor en el llamado caso Koldo.
Entre los documentos objeto de investigación figura un anexo de inversiones del Ministerio de Transportes de 2021, donde aparecen proyectos subrayados en rosa que, según De Aldama, indicaban contratos asignados previamente. Estos incluirían variante de carreteras nacionales, nuevos tramos y remodelaciones.
Siete meses de investigación abierta
El registro se produce siete meses después de que el Supremo abriera causa contra Ábalos tras la solicitud del juez instructor del caso Koldo. Hasta ahora, el exministro ha declarado dos veces ante el alto tribunal y ha negado cualquier cobro de comisiones.
Durante la investigación, Ábalos ha solicitado que la UCO sea apartada de la causa, acusando a sus agentes de "filtraciones" y "actitudes vengativas", algo que ha sido rechazado tanto por el instructor como por la Sala de Apelación del Supremo.
Uno de los informes más recientes de la UCO analiza el patrimonio del exministro, quien figura como propietario de una vivienda en Valencia y como vinculado a la extinta Fundación Fiadelso, que según los investigadores mantuvo relación con su entorno familiar hasta fechas recientes.
