La Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (EMTRE) ha aprobado este lunes una partida extraordinaria de 13 millones de euros para hacer frente a las sentencias desfavorables del Tribunal Supremo relacionadas con el contrato de gestión de residuos con la UTE Los Hornillos, correspondientes a los ejercicios de 2014 a 2019. La decisión se ha tomado en asamblea ordinaria celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de València.
La entidad ha optado por que sean los 45 municipios del área metropolitana quienes financien directamente estos costes mediante aportaciones municipales, en lugar de repercutirlos en la tasa TAMER que la ciudadanía paga a través del recibo del agua. La distribución del pago se realizará en función del volumen de residuos tratados por cada municipio durante el periodo afectado.
La medida ha sido aprobada con los votos favorables de los municipios gobernados por PP, Compromís y Podemos, mientras que los ayuntamientos socialistas han votado en contra, reclamando que sea la Generalitat Valenciana quien asuma los costes. Desde el grupo popular se ha reprochado que el PSOE “no se ha responsabilizado de la gestión que ellos mismos hicieron con el Botànic”.
Belencoso ha insistido en que “la gobernanza metropolitana exige la corresponsabilidad de todos los alcaldes y alcaldesas del área metropolitana de València” y ha defendido que la fórmula de las aportaciones directas permite actuar ante gastos excepcionales sin elevar la presión fiscal a la ciudadanía.
En respuesta a peticiones de Compromís y Podemos, la EMTRE permitirá a los municipios aplazar o fraccionar los pagos, que en principio deben realizarse antes de final de año. Además, la entidad concertará una operación de tesorería para cubrir el desfase temporal entre los pagos y el ingreso de las aportaciones.
Las sentencias responden a una larga disputa judicial iniciada en 2013 tras la puesta en marcha de la planta de tratamiento de Manises, en la que se debatieron aspectos como las toneladas gestionadas, criterios contractuales y la revisión de precios.
Actualmente, la EMTRE sigue reclamando más de un millón de euros pendientes a los municipios de Paterna y Burjassot, que ya rechazaron en 2023 el modelo de financiación por aportaciones al entender que contradice la Ley 7/2022 sobre economía circular.
