El Ayuntamiento de Alfafar ha advertido de que la decisión del Gobierno Central de desactivar el procedimiento de emergencia tras la DANA del 29 de octubre de 2024 está obligando a tramitar la reconstrucción con plazos administrativos ordinarios, una situación que, según el consistorio, prolonga innecesariamente la emergencia y tiene un impacto directo y grave en la salud mental de la población, especialmente en los barrios más castigados.
El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha sido tajante al respecto y ha señalado que “lo que no es admisible es que, después de una catástrofe, se obligue a reconstruir como si estuviéramos en una situación de normalidad administrativa”.
En este sentido, ha subrayado que los retrasos actuales no responden a una decisión municipal, sino a un marco impuesto por el Estado tras poner fin al procedimiento excepcional.
Plazos ordinarios para una situación extraordinaria
El primer edil ha explicado que la recuperación de espacios públicos esenciales puede demorarse hasta 24 meses debido a la obligatoriedad de cumplir trámites ordinarios que no se ajustan a un escenario postcatástrofe.
El alcalde ha detallado: “Ocho meses para elaborar un informe técnico que nos exige el propio Ministerio. Ocho meses para una licitación en una plataforma de contratación pública estatal, abierta a toda España. Y ocho meses más para ejecutar una obra compitiendo con el resto de proyectos del país. Ese es el recorrido que se nos impone”.
Adsuara ha insistido en que este escenario habría sido fácilmente evitable: “Esto habría sido muy sencillo de evitar si el Gobierno Central hubiera mantenido activo el procedimiento de emergencia, muchos de estos trámites se habrían acortado de forma drástica. Pero esa herramienta se desactivó, y ahora las consecuencias las están pagando nuestros vecinos y vecinas”.
Barrios degradados y una emergencia prolongada
Mientras los plazos administrativos se alargan, barrios como Orba y Alfalares conviven con solares vallados y espacios degradados donde antes había jardines, zonas de juego infantil y puntos de encuentro para personas mayores y familias.
El alcalde ha explicado: “Esta espera no es neutra. Mantiene viva la sensación de emergencia y dificulta seriamente la recuperación social y emocional de la ciudadanía”.
El deterioro del entorno urbano se ha convertido así en un recordatorio constante del episodio traumático vivido durante la DANA, dificultando el retorno a una sensación de normalidad en la vida cotidiana.
Un informe confirma el impacto emocional
La denuncia institucional del Ayuntamiento se ve respaldada por un Informe de Impacto Psicológico elaborado por los Servicios Sociales municipales en colaboración con la Universitat de València. El documento acredita una relación directa entre la lentitud de la reconstrucción, derivada del fin del procedimiento de emergencia, y el deterioro del bienestar emocional de la población.
Según el informe, el daño visible y prolongado en el espacio urbano actúa como un disparador permanente del trauma, incrementando los casos de ansiedad, estrés postraumático y síntomas depresivos. Los datos reflejan un aumento superior al 600 % en la demanda de atención psicosocial tras la DANA.
Entre diciembre y junio se realizaron 932 atenciones psicológicas, con una evolución claramente ascendente: 40 en diciembre, 43 en enero, 160 en febrero y un pico en marzo con 288 intervenciones, seguido de abril con 248. El informe establece una correlación directa entre este máximo de crisis emocional y la ausencia de avances visibles en la reconstrucción, provocada por la imposibilidad de aplicar mecanismos de emergencia.
Riesgo psicosocial acumulativo en el Barrio Orba
Desde un punto de vista técnico, el documento advierte de que la destrucción total de espacios verdes en el Barrio Orba constituye un factor de riesgo psicosocial acumulativo. El deterioro urbano funciona como un disparador constante del trauma, manteniendo síntomas de hipervigilancia, ansiedad elevada, alteraciones del sueño y estrés sostenido.
La situación se agrava por la alta densidad de población, la ausencia de zonas verdes y la concentración de colectivos vulnerables. Además, el informe alerta de que el estrés prolongado está generando conflictos en la convivencia familiar, pérdida de funcionalidad ocupacional y una sensación persistente de inseguridad.
Exigen acelerar la reparación de parques
Ante este escenario, el Ayuntamiento de Alfafar reclama de forma expresa al Gobierno Central y al Ministerio competente que permitan reactivar criterios de emergencia en la ejecución de los fondos europeos y las ayudas a la reconstrucción.
El alcalde ha insistido: “No estamos cuestionando la legalidad de los procedimientos, estamos denunciando que alguien decidió volver a la normalidad administrativa cuando la emergencia seguía ahí”.
Como medida prioritaria de salud pública, el consistorio solicita acelerar de forma urgente la reparación de parques y jardines, una petición que ya ha sido trasladada a la empresa pública Tragsa junto con el informe psicológico, como evidencia del impacto real que están teniendo las decisiones del Estado sobre la población.
“La reconstrucción no es solo hormigón”, ha concluido Adsuara, “es devolver espacios de convivencia, normalidad y esperanza. Y muchas de las demoras que hoy sufrimos se podrían haber evitado si no se hubiera desactivado el sistema de emergencia cuando todavía era imprescindible”.
