La reciente DANA, que causó estragos en la Comunitat Valenciana, ha puesto sobre la mesa un debate crucial: ¿quién debe tener la última palabra sobre la cancelación de clases o el cierre de instalaciones municipales ante una alerta por lluvias torrenciales? La disparidad de criterios entre ayuntamientos durante la pasada emergencia ha evidenciado la necesidad de un protocolo unificado que evite situaciones de aislamiento y confusión.
Actualmente, la decisión recae en los propios Ayuntamientos, lo que genera escenarios diversos. Mientras algunos municipios como Massanassa o Torrent optaron por suspender todas sus actividades y clases, otros como Catarroja o Paiporta no lo hicieron. Esta autonomía municipal, si bien otorga cercanía al terreno, también plantea un dilema: los centros escolares son vitales no solo para la formación, sino también para la conciliación familiar, y cerrar sus puertas tiene un impacto directo en miles de familias.
Alcaldes piden un protocolo común a la Generalitat
Tras los graves daños ocasionados por la Dana el pasado 29 de octubre, existe un consenso creciente entre los municipios afectados: piden a la Conselleria que establezca directrices claras y un protocolo común para que todos actúen de manera uniforme ante nuevas alertas meteorológicas.
Ayer, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, abordó el tema a preguntas de los periodistas durante el encuentro con la Asociación de Medios Digitales de la Comunidad Valenciana (AMDComVal) y reiteró que "es competencia municipal y los Ayuntamientos son los que mejor conocen la situación y están sobre el terreno. Desde la Conselleria marcaremos recomendaciones, pero la decisión debe ser municipal".
Sin embargo, alcaldes como Francisco Cabanes, de Sedaví y presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud, insisten en la necesidad de un dictamen más firme por parte de la Generalitat. "Tras la DANA pedimos que fuera la Conselleria quien dictaminara esas decisiones. En la última tempestad sí que hubo una recomendación de emergencias de anular las clases. Hay que tener en cuenta que hay ayuntamientos que tienen poco personal y algunos no tienen ni Policía Local. La Conselleria hace la recomendación y luego el Ayuntamiento decide", explicó Cabanes, resaltando las limitaciones de recursos en algunos consistorios.
"Necesitamos directrices claras"
La petición de unificación no es nueva. Ya el pasado mes de enero, alcaldesas como Lorena Silvent (Catarroja), Eva Sanz (Benetússer) y la entonces alcaldesa Maribel Albalat (Paiporta) reclamaron en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) un protocolo común que estandarizara la gestión municipal. Esta solicitud surgió al observar cómo, incluso ante alertas idénticas por viento, las respuestas municipales eran dispares.
La controversia subraya la complejidad de gestionar emergencias en un contexto de cambio climático, donde los fenómenos extremos son cada vez más frecuentes. La pelota está ahora en el tejado de la Conselleria, que deberá encontrar el equilibrio entre la autonomía local y la necesidad de una respuesta coordinada y homogénea que garantice la seguridad de todos los ciudadanos.
La DANA abre el debate: ¿Quién decide en la emergencia?
Mientras la justicia avanza, en el ámbito municipal persiste el debate sobre la gestión de futuras catástrofes. La DANA evidenció una gran disparidad en la toma de decisiones. Municipios como Massanassa o Torrent cancelaron clases y actividades, mientras otros como Catarroja o Paiporta no lo hicieron, a pesar de los graves riesgos.
Los alcaldes valencianos están pidiendo a la Conselleria que establezca un protocolo común para actuar de forma homogénea. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, insiste en que la competencia es municipal y que "los Ayuntamientos son los que mejor conocen la situación", aunque la Conselleria ofrecerá recomendaciones.
