La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha reclamado públicamente al Gobierno de España la suspensión inmediata de las reglas fiscales para los municipios afectados por la DANA del 29 de octubre, una medida que considera “urgente, imprescindible y de justicia” para poder afrontar los cuantiosos gastos derivados de la reconstrucción.
La alcaldesa ha reclamado al Ejecutivo una flexibilización urgente del marco presupuestario, "como ya ocurrió en situaciones de emergencia como la pandemia del COVID-19. Nos exigen actuar, pero no nos permiten utilizar todos los recursos disponibles para hacerlo”.
Entre las peticiones concretas que ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentran la suspensión inmediata de las reglas fiscales para los municipios damnificados; la autorización para que las ayudas privadas no computen negativamente en la estabilidad presupuestaria; la supresión de la tasa de reposición de personal para reforzar las plantillas municipales; la simplificación de los procedimientos de contratación pública y la autorización para la compra de terrenos afectados por la riada con cargo a subvenciones o remanentes.
"La suspensión de las reglas fiscales no puede ser tabú"
Amparo Folgado ha defendido que "la suspensión de las reglas fiscales no puede ser un tabú cuando se trata de proteger vidas y reconstruir pueblos” y también ha señalado la imposibilidad de ejecutar actuaciones como la estabilización de taludes o nuevas vías de evacuación en la Serra Perenxisa por no poder adquirir suelos afectados.
Además, ha advertido del freno que suponen la burocracia y los límites normativos en una situación de emergencia. Para Folgado, "ni burocracia ni reglas fiscales pueden frenar la recuperación de nuestros vecinos".
Folgado ha reivindicado el liderazgo de los ayuntamientos en la coordinación institucional, defendiendo que “ninguna otra administración conoce mejor el terreno ni está más comprometida con los afectados”.
Por todo ello, la alcaldesa de Torrent ha pedido al Gobierno que “se coloque del lado de los ayuntamientos, que no penalice por cumplir y que dé las herramientas necesarias para reconstruir con dignidad, eficacia y esperanza”.