El PSPV de Torrent ha anunciado la interposición de un procedimiento contencioso-administrativo contra el gobierno municipal del PP y Vox por impedir el debate y la votación de una moción de confianza presentada por la oposición en el pleno del Ayuntamiento.
El PSPV de Torrent ha recordado que el debate sobre la moción para instar a la alcaldesa de Torrent a someterse a una cuestión de confianza terminó antes de comenzar. El equipo del gobierno local de PP y Vox decidió excluir la iniciativa del orden del día del pleno ordinario de enero tras apoyarse en un informe del secretario municipal, una decisión que derivó en el abandono de la sesión por parte de los grupos de la oposición, PSPV y Compromís.
La moción había sido registrada por la oposición con el objetivo de vincular la aprobación de los presupuestos municipales de 2026 a una cuestión de confianza a la alcaldesa, Amparo Folgado, en un contexto de bloqueo político y ausencia de mayoría plenaria para sacar adelante las cuentas municipales.
"Cuando se bloquea la palabra, se impide el debate"
Ahora, el PSPV ha decidido emprender acciones judiciales. En la rueda de prensa, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Andrés Campos, ha explicado que esta decisión no responde “a ningún interés partidista, sino a una responsabilidad democrática”, al considerar que se ha impedido el normal funcionamiento del pleno como espacio de deliberación política. Según ha señalado Campos, la actuación del gobierno local ha afectado tanto a los derechos de los concejales como al propio sistema democrático municipal.
Campos ha afirmado que “cuando se bloquea la palabra, se impide el debate y se prohíbe votar, lo que está en juego no es un partido político, es la democracia local”, remarcando que el grupo socialista no comparece “para hacer oposición ruidosa ni para generar titulares fáciles”, sino para denunciar una situación que consideran grave desde el punto de vista institucional.
El origen del conflicto se sitúa en la presentación de una moción que instaba a la alcaldesa a plantear una posible cuestión de confianza. Según ha explicado el portavoz socialista, la iniciativa no pretendía imponer ninguna decisión, sino “debatirse y votarse, como cualquier otra moción en un pleno democrático”. El PSPV ha insistido en que la propuesta no era ilegal, no resultaba extemporánea ni invadía competencias municipales.
Desestimada también la solicitud de amparo
Pese a ello, la moción no fue debatida en el Pleno municipal apoyándose en un informe municipal. Una decisión que los socialistas califican de “gravísima”, al considerar que privó a concejales elegidos democráticamente de su derecho a hablar, proponer y votar en el pleno. Esta postura fue posteriormente ratificada por la alcaldesa al desestimar la solicitud de amparo presentada días después por el grupo socialista.
El PSPV de Torrent ha considerado que lo ocurrido no puede calificarse como un error técnico o administrativo, sino como una decisión política “profundamente antidemocrática”. En este sentido, Campos ha denunciado que se haya utilizado una figura que debe garantizar la legalidad “como instrumento para bloquear el debate político”, algo que, a su juicio, resulta “jurídicamente inaceptable”.
El portavoz socialista ha recordado que el artículo 23 de la Constitución protege el derecho fundamental a la participación política de los representantes públicos y ha defendido que los informes municipales deben orientar, pero no censurar, y que los plenos deben ser espacios de deliberación política.
"Gobernar implica dar explicaciones y aceptar el debate"
Campos ha subrayado que acudir a los tribunales no supone judicializar la política, sino defenderla, al entender que el debate político ha sido “deliberadamente impedido”. En este sentido, Campos ha advertido de que “hoy se bloquea una moción incómoda y mañana puede bloquearse cualquier otra”, lo que, según ha indicado, convierte el problema en una cuestión que afecta al conjunto de la ciudad.
El portavoz socialista ha concluido señalando que gobernar implica dar explicaciones y aceptar el debate democrático, insistiendo en que el grupo da este paso “con serenidad, firmeza y respeto absoluto a la legalidad”, al considerar que la defensa de la democracia debe ejercerse desde las instituciones.
