La capital valenciana será escenario este domingo, 29 de junio, de la octava manifestación contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la trágica DANA del 29 de octubre.

La movilización, convocada por más de 200 entidades, asociaciones de víctimas y sindicatos, reclamará "verdad", "justicia" y un "trato digno" para los afectados, ocho meses después de la catástrofe que dejó 228 víctimas mortales y daños multimillonarios.
Con el lema "Mazón, dimisión", la marcha partirá a las 19:30 horas desde la Plaza del Ayuntamiento y recorrerá las calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza de la Virgen. Los convocantes denuncian que, a ocho meses del suceso, "no hay reconstrucción y no se ha asumido ninguna responsabilidad por la nefasta gestión de la catástrofe climática". Critican, además, que el dinero de las ayudas llega "de manera lenta e insuficiente" a la población, mientras "fluye sin impedimento y con rapidez hacia empresas manchadas por la corrupción".
Denuncias sobre el estado de la reconstrucción
Las organizaciones convocantes han enumerado varias problemáticas que persisten en la "zona cero" de la DANA:
Educación: Ocho centros educativos siguen pendientes de demolición y 15 necesitan reconstrucción parcial de sus infraestructuras. Además, 88 colegios han retomado la actividad sin haberse recuperado por completo de las consecuencias del temporal.
Servicios esenciales: Servicios básicos como el transporte escolar y la asistencia médica aún no se han restablecido completamente, lo que agrava los problemas de salud y pobreza en la zona.
Viviendas y servicios básicos: Miles de garajes y viviendas continúan en condiciones "deplorables", y personas con movilidad reducida siguen sin poder salir a las calles debido a la falta de ascensores.
Ayudas sociales: Alrededor de 3.500 familias dependen todavía de los puntos de reparto de productos de primera necesidad gestionados por redes de solidaridad. Además, cerca de 20.000 trabajadores permanecen en ERTE, dependiendo únicamente de estas redes de apoyo ante lo que describen como "abandono institucional".
Por todo ello, los convocantes exigen la creación de comisiones de investigación en el Parlamento español y en Les Corts, con la participación "directa y real" de la ciudadanía, para "saber toda la verdad" sobre lo ocurrido.















