La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado que el Ayuntamiento impulsará un plan de formación para la ciudadanía ante emergencias, como parte de una estrategia municipal para reforzar la resiliencia urbana tras episodios recientes como la DANA del 29 de octubre, el incendio de Campanar o el apagón de abril.
Durante su intervención en un desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Mediterránea, coincidiendo con sus dos años de mandato, Catalá ha destacado que su equipo se ha marcado como “prioridad” mejorar los protocolos de emergencias y contar con un plan de inversiones que refuerce la capacidad de respuesta de València. Entre esas actuaciones ha citado la actualización del plan de inundaciones y la necesidad de ampliar la capacidad de abastecimiento de agua potable de las 24 horas actuales a 48.
En este sentido, ha defendido reforzar la autosuficiencia energética y avanzar hacia objetivos de descarbonización, con una reducción del 80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030.
Sobre infraestructuras, María José Catalá ha apuntado a la vulnerabilidad del sistema hídrico, evidenciada por las lluvias del pasado otoño, y ha urgido al Gobierno central "a actuar. Los expertos creen necesaria una segunda conducción en el canal Júcar-Turia para garantizar la conexión entre Tous y las plantas potabilizadoras del Realón y La Presa. Y yo les apoyo". Asimismo, la alcaldesa de València ha reclamado un nuevo Plan Sur Metropolitano que contemple infraestructuras hidrológicas adaptadas al cambio climático.
Catalá ha criticado la falta de atención del Ejecutivo central a estas necesidades al afirmar que “el Gobierno de España parece tener como última de sus preocupaciones un plan de inversiones en infraestructuras para tierras valencianas. Están a otras cosas y eso me preocupa”.
La alcaldesa ha concluido afirmando que la DANA ha cambiado el calendario de trabajo del consistorio al explicar que "desde el minuto uno nos pusimos en manos del conocimiento para reconstruir València. Reclamar inversiones no es solo una exigencia administrativa, sino una obligación moral”.