La Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa judicial abierta por la construcción de una piscina municipal de Alboraya levantada parcialmente en terrenos pertenecientes al término municipal de València. El escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 19 de València concluye que la situación urbanística irregular detectada no constituye delito.
En el escrito, fechado el 2 de marzo y firmado por el fiscal Joaquín Ramo Baños, se reconoce que los terrenos donde se construyó la instalación deportiva presentan una situación administrativa irregular. La parcela forma parte del término municipal de València y estaba en proceso de segregación para su incorporación al municipio de Alboraya, un procedimiento que todavía no había finalizado cuando se impulsó la construcción.
La investigación se centraba en determinar si la actuación municipal podía constituir delitos de prevaricación urbanística o contra la ordenación del territorio. Sin embargo, el fiscal concluye que los hechos responden más bien a una planificación urbanística deficiente que se remonta a décadas atrás.
El documento señala que la situación actual deriva de una “defectuosa planificación urbanística llevada a cabo en los años 80”, que permitió el desarrollo de un complejo deportivo municipal en una zona limítrofe entre ambos términos municipales. En ese espacio se han construido con el paso del tiempo dos campos de fútbol, un pabellón semicubierto, un trinquet y una piscina cubierta, esta última objeto de la investigación.
Según el Ministerio Fiscal, la piscina habría invadido “una porción ínfima” del término municipal de València. La parcela, además, aparece en el planeamiento urbanístico de la ciudad como huerta protegida.
El fiscal considera, no obstante, “plausible” que el Ayuntamiento de Alboraya incorporara esa parcela en su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) pese a que formalmente todavía no formara parte de su término municipal, si existía la expectativa de que el proceso de segregación concluyera favorablemente y se pretendía dar continuidad al complejo deportivo.
El escrito reconoce que esta decisión puede resultar “muy anómala en términos administrativos”, pero concluye que no reúne los elementos necesarios para constituir delito.
“Las parcelas se encuentran en una situación anómala y formalmente irregular, y desde luego su situación planimétrica no responde a la realidad”, expone el Ministerio Fiscal, que considera que la solución pasa por resolver definitivamente los expedientes de segregación iniciados hace años.
La investigación se inició tras la denuncia de un particular, que llevó al propio Ministerio Fiscal a impulsar las diligencias. Tras la instrucción y las declaraciones practicadas, entre ellas la del exalcalde de València Joan Ribó, la Fiscalía ha concluido que no existen indicios suficientes de delito en la actuación de ambos ayuntamientos.
