El alcalde de Torrent, Jesús Ros, ha explicado su versión de los hechos tras la denuncia presentada por Compromís por presunta prevaricación administración por omisión “por la vía penal y solo contra mí cuando es un tema que viene desde 2010 cuando gobernaba el PP”.
Ros, que estuvo apoyado por su mano derecha Andrés Campos y todo el equipo de gobierno –incluyendo a los ediles de Cs-, explicó que la denuncia” se presentó el 1 de marzo, cuando en Torrent veníamos de dos meses espantosos por la pandemia y estábamos combatiendo contra la pandemia e intentado dar solución a los problemas de los vecinos de Torrent” y que se hizo por vía penal “buscando el titular cuando estos acuerdos se suelen llevar por la vía de lo contencioso-administrativo”.
El alcalde recordó que la Ley de Gran Ciudad se aprobó en 2010 y que pasaron cinco años de mandato del PP sin que se cumpliera la constitución de varios órganos. Ros reconoció que desde 2015 gobierna el PSPV pero recordó que las circunstancias económicas “con una deuda de 60 millones y una norma de gasto que impedía contratar personal” y la posterior pandemia han impedido la puesta en marcha de los dos últimos órganos de Gran Ciudad (Distritos y Consejo Social de la Ciudad”.
En este sentido, Ros recordó que “la ley está para cumplirla. Y deberíamos haber puesto en marcha estos dos últimos órganos pendientes pero las circunstancias nos lo han impedido”.
Campos afea la "inquina personal de Alabajos contra Ros"
El portavoz municipal del PSPV de Torrent, Andrés Campos, lamentó la inquina personal “casi enfermiza” de Alabajos con el alcalde y el intento de intentar judicializar la vida política municipal “de forma torticera, aprovechando uno de los peores momentos de las últimas épocas, y olvidándose de la etapa del PP, para presentar una querella penal contra el alcalde por un acuerdo plenario. Ha cruzado una línea roja”.
El también primer teniente de alcalde recordó que la constitución de Gran Ciudad “no representa grandes beneficios económicos a la ciudad de Torrent” pero obliga a poner en marcha estructuras como el Tribunal Jurídico Económico que cuesta 400.000 euros anuales solo en personal, por ejemplo.
Ros comparecerá el 8 julio
Ros cerró la rueda de prensa afirmado que ha puesto el caso en manos de los servicios jurídicos municipales y que está a disposición de la justicia para lo que estime oportuno. Ros recordó que el próximo 8 de julio a las 12:30 horas deberá comparecer en calidad de investigado ante el titular del juzgado de instrucción número 2 de Torrent.
