Xirivella alcanza un acuerdo para pagar en 4 años los 1’8 millones a los expropiados del IES Gonzalo Anaya

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El Ayuntamiento de Xirivella ha aprobado en el pleno de hoy un convenio para la liquidación de indemnizaciones e intereses de demora a los propietarios de los terrenos expropiados para la construcción del IES Gonzalo Anaya. En total, el Ayuntamiento tiene que hacer frente a más de 1.800.000 euros, dinero del que no dispone ya que el Consistorio tiene una deuda de más de 32 millones de euros.
Desde el pasado mes de noviembre han llegado al Ayuntamiento las sentencias de los propietarios de los terrenos dónde se construyó el Instituto. Las sentencias son definitivas y dicen que el pago se debe efectuar como máximo en un año. La imposibilidad del Ayuntamiento a pagar es la que ha obligado a realizar el plan de pagos.

Según explicó el alcalde Enrique Ortí, “estamos ultimando un acuerdo con los propietarios y pagaremos lo correspondiente a cada propietario en los próximos años”.

Este plan consiste en la aprobación para el ejercicio 2012 de una modificación de créditos de 400.000 euros. En los presupuestos del 2013, 2014 y 2015 contemplará la misma cantidad de 400.000 euros para liquidar la deuda principal pendiente y los intereses de demora. Y se están ultimando los acuerdos para pagar los intereses legales de demora pendientes durante los próximos años.

Según explicó el alcalde de la localidad, Enrique Ortí, “agradecemos a los propietarios que hayan aceptado el plan de pagos porque pagarlo todo de una vez resulta imposible al Ayuntamiento. Con este plan el Consistorio no se quedará en bancarrota”.

Ortí acusó al anterior alcalde, Josep Soriano, de “irresponsable por dejar el Ayuntamiento arruinado y por poner en peligro las inversiones y los servicios municipales que se ofrecen a los vecinos, y todo porque el anterior alcalde socialista no quiso negociar con los propietarios de los terrenos del IES y éstos acudieron a la vía judicial”.

La expropiación de los terrenos para el instituto comenzó en el 2002. La zona afectada era de 27.575 metros cuadrados. El Ayuntamiento ofreció a los afectados 12 euros el metro cuadrado sin negociar.

Según explica Ortí, “Soriano nunca negoció con los propietarios, ofreció 12 euros por metro cuadrado y no quiso llegar a ningún acuerdo. Sin embargo, los propietarios hubieran aceptado la expropiación por 20 o 30 euros por metro cuadrado. Al no llegar a acuerdo, los afectados fueron al jurado provincial de expropiación y más tarde acudieron a la vía judicial”.

El jurado provincial de expropiación dictaminó que el Ayuntamiento debía pagar 60 euros por metro cuadrado y el Consistorio pagó 1.665.842 euros. Luego los propietarios recurrieron vía judicial.

Finalmente, la sección tercera de la sala contencioso administrativa del TSJ decidió que el precio que se tiene que pagar es de 123 euros por metro cuadrado. “Lo que se podía haber solucionado con 350.000 euros, pagando a 20 o 30 euros por metro cuadrado que era el acuerdo que planteaban los propietarios en primera instancia, se han convertido en más de 4 millones de euros, de los cuales falta por pagar más de 1.800.000 de euros”, explica el alcalde.

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