El pasado mes de marzo se aprobó definitivamente la liquidación de la entidad de conservación de Port Saplaya, una figura necesaria para conservar las infraestructuras públicas de la urbanización. Los propietarios y promotores tienen la obligación inexcusable e irrenunciable, de sufragar y ejecutar el mantenimiento y conservación de las infraestructuras públicas de la urbanización (jardines, vias públicas, alumbrado, limpieza, seguridad, etc.), al menos, hasta que éstas sean transferidas a la Administración Pública correspondiente.
El Ayuntamiento de Alboraya se ha hecho cargo de Port Saplaya desde hace más de una década y, sin embargo, se decidió mantener la entidad de conservación para que se hiciera cargo de la piscina, una antena de televisión y un pararrayos, únicamente. Los años han demostrado, según los vecinos y la administración, que esa entidad resulta inoperante e innecesaria y, de hecho, recientemente el Ayuntamiento ha tenido que pagar cerca de 30.000 euros para arreglar la piscina, prácticamente, el único cometido de la entidad.
Finalmente, la entidad se liquidó el pasado mes de marzo pero ahora han pasado las cuentas de este año y los vecinos han visto cómo se contempla una deuda con dos trabajadores por sus sueldos desde marzo hasta julio a pesar de que la entidad ya se había liquidado.
Por ello, han presentado un recurso de alzada con el que esperan encontrar amparo judicial para aclarar unas cuentas que no comparten. Según denuncian, de los más de 200.000 euros presupuestados por la entidad para 2017, el 83 % se destina a pagar a dos empleados diversas cantidades en conceptos como el sueldo de abril a julio, cuando la entidad ya estaba liquidada, la paga extra de verano, la seguridad social de esos meses y las indemnizaciones por despido procedente y por despido improcedente.
