Esa cantidad fue la establecida por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia el 17 de febrero de 2009. Según recoge la sentencia, el Jurado valoró las dos parcelas, una de 1.242 metros cuadrados y otra de 1.154, como suelo rural y estableció un precio de 12, 3 euros por metro cuadrado, cantidad que multiplicó por dos dada su accesibilidad y proximidad al núcleo urbano.
A pesar de que esta indemnización de 61.888 euros superaba en cerca de 20.000 la cantidad que calcularon los técnicos en un primer momento, la empresa propietaria de los terrenos no estuvo conforme porque, según su argumentación, las parcelas están calificadas como urbanizables en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio por lo que presentaron una demanda solicitando la anulación del acuerdo del Jurado de Expropiación Forzosa y reclamando 1.946.675 euros más los intereses devengados desde marzo de 2009 hasta la fecha de comunicación de la sentencia.
Según la sentencia de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, “la valoración de conjunto de las pruebas practicadas” demuestra que “las parcelas expropiadas constituyen un suelo urbanizado”.
Continúa la sentencia alegando que “en efecto, el examen del expediente y de los autos confirma que las parcelas expropiadas cuentan con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, suministro de energía eléctrica y red de telefonía y están insertas en la malla urbana” y “cuentan con las dotaciones y servicios correspondientes o pueden llegar a tenerlos mediante una simple conexión”.
Por ello, la sala ha aceptado el valor asignado por el perito judicial para las parcelas consideradas suelo urbanizado y las tasa en 325, 94 euros por metro cuadrado. En total, 780.952 euros a los que añade un 5% de “premio de afección”.
Así pues, la sala falla declarar el derecho de la mercantil a ser indemnizados por el justiprecio de la expropiación de sus bienes y derechos en 819.999, 85 euros más los intereses legales correspondientes.
Recurso de amparo
A pesar de que el Consistorio lleva al pleno la modificación presupuestaria necesaria para afrontar el pago de esta indemnización, el alcalde de la localidad, Miguel Bailach, ha explicado a Hortanoticias que el Ayuntamiento va a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo.
Según Bailach, la sentencia recoge afirmaciones que no son ciertas como que las parcelas cuentan con abastecimiento de agua o suministro de energía eléctrica. Además, argumenta que se trata de unos terrenos calificados de dotacionales en el Plan General del 91 por imperativo de la Generalitat ya que se trata de una parcela dotacional supramunicipal.
Por ello, Massamagrell exigirá a la administración autonómica que se haga cargo del pago de esta indemnización si finalmente el Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
