El Fondo Estatal de Inversión Local que el Gobierno central puso en marcha para incentivar la inversión en los municipios españoles, entre los que repartió más de 8.000 millones de euros, podría suponer ahora que los consistorios de l’Horta tuvieran que endeudarse por valor de más de 37 millones de euros, es decir, el 30% del importe que les correspondió a cada uno según su número de habitantes.
+ El Gobierno insiste en que los requisitos para acceder al Fondo Estatal de Inversión Local se publicaron en el Real Decreto Ley
Se trata de una circunstancia denunciada por el PP de la Comunitat Valenciana a raíz de una queja presentada por la alcaldesa de Torrent, María José Català. Entre los requisitos para acceder a los citados fondos, se pedía que las obras a financiar fueran nuevas y de inmediata construcción, es decir, que jamás se hubieran presupuestado.
El Gobierno aportaba el 70% de la obra para iniciar los trabajos y, una vez entregada, pagaría el 30% restante. Para acceder a este porcentaje final, los consistorios debían aportar una serie de documentación según recoge el ar´ticulo 7 del Real Decreto que regula el Fondo entre los que se incluía el certificado de finalización de la obra, entre otros.
Sin embargo, entre esta retahíla de documentos no se cita, según el PP, la justificación de que el Ayuntamiento ha pagado a los contratistas ese 30%, un certificado que ahora el Gobierno central sí exige para abonar la cantidad restante. El problema es que los ayuntamientos, atendiendo a las exigencias del Plan E, no habían presupuestado ningún importe para realizar esas obras y, ahora, se ven obligados a abonar una cantidad importante de las mismas, lo que les obligaría a solicitar créditos que luego tendrían que devolver con intereses.
En el caso de un municipio como Torrent, según ha asegurado Català, el Ayuntamiento debería solicitar un préstamo por valor de 4 millones de euros para pagar a los contratistas y recibir así el importe por parte del Gobierno central. Los 43 municipios de l’Horta recibieron, por el Plan E, un total de 125 millones de euros, lo que implica que, de no haber presupuestado ese 30%, tendrían que endeudarse por valor de más de 37 millones de euros.
“Escudos del Gobierno”
El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP de la Comunitat Valenciana, César Augusto Asencio, ha insistido en que se trata de una reinterpretación de las bases de la convocatoria instigada por el déficit que arrastra el Gobierno central y su falta de liquidez “que le obliga a buscar artimañas para retrasar los pagos”.
Según Asencio, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero quiere usar a los ayuntamientos como escudos ante los contratistas para evitar que le exijan a él el pago y lo hagan a los consistorios.
Ante esta situación, el PP va a presentar una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados para que se solucione cuanto antes esta situación. También va a pronunciarse desde su grupo en Les Corts Valencianes y, en la reuynión mantenida con anterioridad a la rueda de prensa con alcaldes y portavoces del PP de las comarcas de l’Horta, Camp de Túria y Camp de Morvedre, les han expuesto la necesidad de que hagan pública esta incongruencia para que de claro que el responsable de pagar el 100% de las obras financiadas por el Plan E es el Gobierno central.
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