La presunta trama de corrupción en algunos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana -c uya investigación se inició tras denuncia interpuesta por Jose Manuel Peralta, anterior alcalde del Ayuntamiento de la Pobla de Farnals contra su antecesora en el cargo Natividad García- suma ya tres alcaldes imputados, 11 exalcaldes, un exedil y un excargo del Gobierno valenciano, además de otros asesores, exsecretarios y socios fundadores de la Academia Valenciana de Juristas (AVJ).
Así se desprende de la documentación con la que cuenta el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, que investiga desde finales de 2013 presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la hacienda pública cometidos en algunos ayuntamientos de la Comunidad de diferente signo político.
En concreto, según se desprende de la causa, que suma hasta 14 tomos, figuran en el procedimiento como imputados el alcalde de Vall de Laguar, Francisco Luis Gilabert (PP); el de Ador, Joan Faus (Gent d'Ador); y la alcaldesa de Benirredrà, María Dolores Cardona (PSPV).
Asímismo, se investiga a los exalcaldes de Godelleta, Cheste, Real de Gandia, San Antonio de Benagéber Benisanó, Adsubia, Vallada, Canet y Vallada. En el caso de Vallada figura como imputado el exalcalde y también expresidente de la Diputación de Valencia Fernando Giner, quien dirigió la localidad de Vallada desde junio de 1987 hasta mayo de 2011.
La lista se extiende además a un exconcejal de Alcoi; al ex director general de Cambio Climático de la Generalitat Jorge Lamparero; un abogado de la empresa General Valenciana del Agua S.A. (Egevasa); al ex secretario municipal del Ayuntamiento de Canet José Antonio Sancho; al exinterventor del Consorcio de Museos Rafael José Parra; y a socios fundadores de la AVJ, entre otros.
Este procedimiento parte de la denuncia interpuesta por el anterior alcalde del Ayuntamiento de la Pobla de Farnals, José Manuel Peralta, contra su antecesora en el cargo Natividad García y el secretario municipal José Antonio Sancho, lo que originó una primera investigación que concluyó con el procesamiento de ambos por presuntas irregularidades en contratos de asesoramiento o de informes jurídicos.
Esta investigación dio lugar a otra mucho más amplia cuando la Guardia Civil extendió esta presunta trama a "numerosos" ayuntamientos de la Comunidad, incluido el de Canet, donde también prestaba servicios como secretario Sancho y, pese a ello, presuntamente realizaba facturaciones "cuantiosas" sin justificación a asociaciones y sociedades controladas por él, según mantiene el fiscal. También se han detectado cantidades no declaradas a la Agencia Tributaria por parte de algunos de los denunciados.
En concreto, tal y como recoge el fiscal en diversos escritos remitidos al juzgado, en el procedimiento se investiga una serie de facturaciones por servicios jurídicos e informes realizados a ayuntamientos por asociaciones sin ánimo de lucro o por sociedades que no tenían ningún trabajador a su nombre entre los años 2009 y 2011.
Según la ley, este tipo de sociedades y asociaciones no podían distribuir beneficios y, sin embargo -siempre según el fiscal- han estado realizando "importantes" facturaciones a ayuntamientos de la Comunidad. Como ejemplo cita que la AVJ presenta como mayores salidas de dinero 227.137, 11 euros y 165.000 euros respectivamente a dos empresas controladas por Sancho Sempere, así como a otra empresa de Parra.
