Una auditoría de contratación independiente revela que el Ayuntamiento adjudicó 3, 3 millones de euros incumpliendo la ley

El anterior equipo de Gobierno de Mislata adjudicó hasta 3, 3 millones de euros incumpliendo la ley de contratos a través de compromisos de gasto superiores al límite de la contratación menor (18.000 euros) sin la tramitación correspondiente exigida por la ley o fraccionamientos “indebidos” de contratos por cantidades inferiores a los 18.000 euros para eludir los procesos de concurso público, entre otras prácticas “irregulares”.
El alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, acompañado por la concejal de Hacienda, María Luisa Martínez, ha hecho público el resultado de la auditoría de contratación realizada por el despacho de Faura-Casas sobre la gestión del Consistorio en la última legislatura, entre 2007 y 2011, últimos años de gobierno del PP.

En la rueda de prensa, Fernández Bielsa ha declarado que, en estos momentos, los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudian minuciosamente los expedientes de contratación que presentan irregularidades detectados por el despacho independiente –el mismo que realizó auditorías para el PP cuando estaba en el Gobierno- y, en el caso de que constituyan delito, “el Ayuntamiento de Mislata, en defensa de los intereses de los ciudadanos, del patrimonio municipal y del dinero de todos, se personará ante el tribunal correspondiente”.

Entre los contratos que presentan irregularidades del muestreo que ha analizado la auditoría, pues se han seleccionado una serie de expedientes de manera aleatoria para intentar perfilar una realidad fiel de cuatro años de gestión, se encuentra el de la liquidación de la resolución del contrato de concesión y obra pública suscrito con Lubasa por los cuatro aparcamientos.

La ley decía que la valoración debió efectuarse a partir de mediciones de obra ejecutadas en el momento de la rescisión del contrato, tal como denunció en su día el actual alcalde y entonces miembro de la oposición, Carlos Fernández Bielsa. Esa valoración de lo realmente construido no pudo hacerse, entre otras cosas, porque como denuncia la auditoría, “la recepción de las obras es posterior a la aprobación de la liquidación y al pago del primer plazo del convenio”, de seis millones de euros.

Además, pese a abandonar la concesión y dejar durante dos años un socavón en pleno centro de Mislata, el PP de Mislata renunció a exigirle a la empresa los daños y perjuicios ocasionados. A ello hay que sumar que en la Mesa de Contratación no estuvo presente ni la interventora municipal ni el representante de la oposición, en aquel momento.

Según la auditoría, las irregularidades detectadas también incluyen, precisamente, cuestiones como la designación de los miembros y la constitución de las mesas de contratación. En ese sentido, alerta de otras prácticas en la actividad contractual del Ayuntamiento en ese período “que no se ajustan a los requerimientos normativos” como, por ejemplo, que los pliegos de cláusulas administrativas particulares no indican la partida presupuestaria que contienen los créditos para atender obligaciones derivadas del contrato; la falta de certificación del registro de entrada de las ofertas presentadas; la publicidad de la formalización de las adjudicaciones o la remisión de contratos al Tribunal de Cuentas.