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Un juzgado de Mislata procesa a la ex concejal de Cultura de Valencia y tres familiares por delito contra la Hacienda Pública

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mislata ha concluido la instrucción de la causa contra la ex concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, su madre y sus dos hermanos por un supuesto delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social al no haber declarado la herencia de su padre fallecido.

María José Alcón fue una de los 24 detenidos en la Operación Taula consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo en el marco del Caso Imelsa y que han producido una pieza separada donde se investiga un posible delito de blanqueo de capitales en el PP de la ciudad de Valencia.

La magistrada ha dictado el auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, pone fin a la instrucción y da traslado al fiscal para que diga si procede el archivo de la causa, la apertura de juicio oral o la práctica de diligencias complementarias.

La instructora procesa a la ex concejal y a tres familiares por concluir que existen indicios de que delinquieron al no presentar la declaración del IRPF correspondiente al padre fallecido cuya herencia percibieron.

Según recoge el auto, la jueza cifra en 192.131 euros el dinero supuestamente defraudado por los cuatro (la esposa y los tres hijos del fallecido) porque “no presentaron la declaración del IRPF (…) relativa al periodo impositivo de 1 de enero de 2009 al 17 de noviembre de 2009, fecha del fallecimiento del causante de la herencia, y la firmeza de la resolución judicial que reconocía al fallecido y a su esposa el justiprecio por la expropiación” de dos fincas registrales.

Además, la magistrada considera que “también existen indicios” de que la madre de la ex edil defraudó otros 190.000 euros en la liquidación del IRPF correspondiente al ejercicio de 2009. La jueza considera que tras haber tomado declaración a Alcón y a sus familiares y haber practicado pruebas documentales y testificales, los hechos investigados son “penalmente relevantes” y podrían ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social por lo que procede “la conclusión de la fase instructora por cuanto que no se aprecia la necesidad de practicar otras diligencias de investigación adicionales”.

En el supuesto de que el Ministerio Público entienda que debe celebrarse juicio porque hay indicios de delito, presentará el correspondiente escrito de acusación, en el que realizará un relato de cómo cree que sucedieron los hechos, concretará el delito que imputa a los encausados y la pena que solicitará para ellos.

Cumplimentado este trámite, el instructor dictará auto de apertura de juicio oral y dará traslado de la acusación del fiscal al abogado de los acusados para que, a su vez, formulen escritos de defensa.

 


 
 
 

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