Tres concejales del PP hacen de juez y parte en el proceso de suspensión de la interventora

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La comisión de Interior del Ayuntamiento de Mislata celebrada para elevar a pleno la resolución del expediente abierto a la interventora titular, Herminia Llop, ha aprobado con los votos a favor de los ediles del PP y en contra de los del PSPV y EU la suspensión de empleo de un año a la habilitada nacional que se convertirá en seis meses después de que ya haya estado medio año apartada de su trabajo.
En la comisión hay seis concejales del PP y todos han votado a favor de la resolución del expediente a pesar de que tres de ellos han sido también testigos en el proceso de investigación abierto contra la interventora convirtiéndose así en jueces y parte del proceso lo que podría suponer, según la oposición, que estos tres ediles hayan incurrido en un delito de prevaricación pues la Ley del Procedimiento Común dispone que son motivos de abstención en un procedimiento “haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento en el que se trate”.

De momento, la comisión ha aprobado con la mayoría de que dispone el PP la resolución del expediente contra la interventora, recién incorporada después de seis meses de suspensión provisional, en el que se establece un año de suspensión de sus funciones en el Ayuntamiento por lo que estará otros seis meses ya que los provisionales computan como parte de la sanción.

La resolución se aprobará en un pleno extraordinario convocado de urgencia y que se celebrará el martes 26 de octubre. Los socialistas de Mislata han calificado la decisión del PP de Mislata como “un ataque contra quienes no hacen lo que al PP le interesa” y han anunciado que “con el reparo de legalidad pueden haber cometido un delito de prevaricación ya que conocían perfectamente que no podían votar”.

Desde el PSOE acusan al PP de “ensuciar el nombre de Mislata por todas las oscuras operaciones, que han puesto a Mislata a la cabeza de los ayuntamientos más turbios y opacos que existen”. Los socialistas han sentenciado que “el cortijo del PP se acabará en mayo del 2011”.

“Inaceptable”

Por su parte, el concejal de EUPV, Salvador García de la Mota, que también ha solicitado un informe sobre la legalidad de que los concejales que han tomado parte en el expediente puedan votar su resolución, ha criticado que el PP base su denuncia contra la interventora en un supuesto “incumplimiento de funciones esenciales” ya que, por ejemplo, “el único responsable de no haber aprobado todavía un Catálogo de Puestos de Trabajo, pendiente desde hace casi 10 años” es el equipo de Gobierno.

“No es de recibo que el PP acuse a la funcionaria de incumplimiento de funciones cuando hay expedientes de responsabilidad patrimonial con retrasos de más de cuatro años y que además se han cerrado con errores tales ha obligado a la reapertura del procedimiento, a resultas de la denuncia del concejal de EUPV. Y, sin embargo, tal situación reiterada no merece, ni siquiera, la apertura de un expediente informativo”, ha declarado el edil de EU.

Sobre la “desobediencia a las instrucciones de un superior”, De la Mota ha recordado que “justamente la independencia de los funcionarios habilitados nacionales son la garantía legal para frenar el uso abusivo del poder de un partido en las instituciones”. Para el edil, “las opiniones de los miembros del equipo de gobierno que hoy se convierten en juez y parte son, sin duda, subjetivas y sólo demuestran el nerviosismo y la debilidad del propio PP”.

Con tal “argumentación”, el concejal de EUPV, Salvador García de la Mota, afirma que “los 896 folios del expediente muestran a las claras las prisas y argucias del PP por quitarse de en medio la funcionaria con total antelación a las Elecciones Municipales de 2011”.

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