El ayuntamiento de Torrent se ha visto obligado a solicitar un préstamo para hacer frente al pago de 15 viviendas comprometidos por el anterior equipo de gobierno a una promotora. La compra obligatoria para el consistorio antes del próximo 31 de marzo supondrá un desembolso de 1’3 millones de euros, según reconoció el alcalde de Torrent Jesús Ros.
Ros explicó que “este nuevo regalito del anterior equipo de gobierno” es consecuencia de la construcción en suelo público de una promoción de viviendas de protección oficial (VPO). Según ha podido saber Hortanoticias, la necesidad de cumplir por ley con un porcentaje de viviendas de protección oficial podría estar detrás de la ‘obligación’ del ayuntamiento de Torrent de adquirir las viviendas.
Según explicó el alcalde, para que la promoción se hiciera y que el promotor no saliera perjudicado por esa necesidad de cumplir con la ley, ambas partes establecieron un acuerdo que contemplaba la obligación por parte del consistorio de comprar los pisos de VPO que no se vendieran. La promotora logró vender 18 de los 33 pisos de la promoción. Por eso, los otros 15 tendrán que ser comparados por el consistorio antes del 31 de marzo, según el acuerdo alcanzado por ambas partes en su día.
El alcalde ha afirmado que, tras conocer el caso, puso el documento en manos de los servicios jurídicos municipales “al no tener muy clara esa obligación”. Ahora los servicios jurídicos municipales han determinado que el consistorio debe comprar esas viviendas. Por ese motivo el Pleno municipal se vio obligado a aprobar, con los votos a favor del PSPV y del PP, un crédito de 1’3 millones de euros para la compra de estas 15 viviendas.
Jesús Ros recordó que la “buena gestión del anterior equipo de gobierno nos obliga a comprar y a comprar cada piso a razón de 150.000 euros cada uno, cuando esos precios no son ahora mismo precios de mercado”. Ros recordó que gracias a las gestiones realizadas el consistorio ha conseguido rebajar el precio final hasta esos 1’3 millones de euros.
Algunas de esas viviendas ya están siendo habitadas y sus inquilinos tienen un alquiler con opción de compra por lo que el ayuntamiento, llegado el momento podrá recuperar algo de ese 1’3 millones de euros, algo que según Jesús Ros, “no empaña la mala gestión realizada en su momento por los entonces gobernantes del PP”.
