Silla gana el recurso judicial interpuesto por el gerente tras suprimir su plaza que costaba al erario municipal 90.000 euros

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El Ayuntamiento de Silla ha ganado el recurso judicial interpuesto por parte del gerente designado de forma discrecional por el anterior equipo de gobierno.El recurso fue presentado por el entonces gerente tras el cambio de gobierno cunado se consideró “innecesario” tener una plaza de gerente que costaba a las arcas municipales un importe de 90.000 euros.
Por este motivo, el equipo de Gobierno acordó la supresión de la plaza y el paso de la persona en cuestión a la plaza de técnico de los servicios jurídicos que ostenta en propiedad.

Contra el acto administrativo de supresión de la plaza, con la correspondiente rebaja del sueldo en un 50% aproximadamente, el entonces gerente interpuso un recurso contencioso administrativo en el que solicitaba la anulación del acto y el reconocimiento de la situación jurídica individualizada consistente en permanecer en el puesto de Gerente con las retribuciones de 90.000 euros, esgrimiendo indefensión por causas formales.

El juez ha dado la razón al Ayuntamiento de Silla manifestando que el procedimiento legalmente establecido se ha cumplido y el acto por el cual se suprimió la plaza de Gerente es ajustado a Derecho y ha desestimado el recurso interpuesto por el empleado público condenándole a pagar las costas procesales del procedimiento en cuestión.

Carlos Primo, concejal de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento ha manifestado que “en esta legislatura, las cosas están funcionando jurídicamente mejor que en la pasada y prueba de ello es que se ha disminuido notablemente el número de litigios y, en consecuencia, también los honorarios jurídicos. Además, los litigios que tienen que ver con procedimientos incoados en esta legislatura, se están resolviendo favorablemente para el Ayuntamiento, lo que evidencia la implicación y responsabilidad con la que se está actuando desde los Servicios Jurídicos y desde la Secretaria General del Ayuntamiento.”

Además, con la condena en costas que deberá pagar el empleado público demandante, el Ayuntamiento podrá resarcirse de los gastos que ha tenido dentro de procedimiento en abogado y procurador.

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