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Quart llevará a los tribunales la reducción de la subvención de la Generalitat al Centro Ocupacional

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El Ayuntamiento de Quart de Poblet interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Dirección General de Bienestar Social por la que se reduce en 29.212, 12 euros la subvención para el Centro Ocupacional para Personas con Discapacidad Intelectual de Quart de Poblet respecto a 2012 si la Conselleria no se retracta y anula este recorte.
Así se desprende del requerimiento efectuado por la alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, a la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez, solicitando la anulación de esa disminución de la ayuda como paso previo antes de acudir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La resolución firmada por Carmen Martínez recuerda que la legislación vigente, tanto estatal como autonómica, establece como competencia de los municipios de más de 20.000 habitantes los servicios sociales generales y los especializados, entre los cuales se encontraría el centro ocupacional de Quart de Poblet, autorizado por la Generalitat el 3 de octubre de 2005 con una capacidad de 40 plazas.

Asimismo, se establece que la financiación será municipal pero con apoyo financiero de la administración autonómica. También se puede optar por determinar aportaciones de las personas usuarias, pero siempre mediante la fijación de precios públicos en función de sus circunstancias económicas por parte de la Generalitat.

Durante los años 2011 y 2012, la Conselleria de Bienestar Social aprobó una subvención de 297.019 euros para atender a los 40 usuarios y usuarias del servicio con una dotación de personal de ocho trabajadores. En la resolución de subvención para 2013, esa cantidad se reduce en más de 29.000 euros sin que haya variado ni la plantilla ni el número de personas atendidas. “Pero, además, no se motiva la decisión ni se especifica qué conceptos se ven afectados por esa minoración”, aseguran desde el municipio de l’Horta.

En reuniones mantenidas con la Conselleria, se informa al Ayuntamiento de que la cantidad que se detrae de la subvención la tienen que aportar las familias usuarias del centro. Sin embargo, esto no se concreta en la resolución ni existe constancia de que se hayan aprobado los precios públicos que establezcan la cantidad a aportar por cada beneficiario del servicio.

De esta forma, “la minoración de la subvención se produce sin explicar cómo se va a cubrir la diferencia, resultando una exigencia normativa, y en su caso, el correspondiente establecimiento de precios públicos por la administración autonómica, lo que supone una clarísima arbitrariedad e irresponsabilidad en el cumplimiento de la Ley y además resulta incongruente, pues la propia norma establece y atribuye dicha potestad a la administración autonómica”.

En su requerimiento, Martínez pide a la consellera la revocación de la resolución, incrementando la subvención, al menos, en 29.212, 12 euros. Además, solicita que “en caso de querer repercutir parcialmente el coste a los usuarios ejerciten su competencia acordando la imposición y determinación de los precios públicos a cargo de los mismos, estableciendo las aportaciones correspondientes en los términos expuestos en la propia normativa autonómica”.

En este sentido, la alcaldesa de Quart de Poblet precisa que si la Conselleria no atiende la solicitud, el Ayuntamiento acudirá a la vía contencioso-administrativa. “Lo primero que tienen que resolver es mantener la subvención y, si optan por el copago, lo que no vamos a hacer es fijar nosotros la aportación que corresponde a las familias porque es algo que, por ley, le corresponde a la Generalitat. Quizás lo que buscan es precisamente que parezca que es una decisión municipal”, explica la primer edil.

“Es intolerable que mientras se ha gastado y se gasta el dinero a mansalva en grandes eventos y en tapar los agujeros de la corrupción y el despilfarro, se esté recortando en prestaciones básicas e imprescindibles para la ciudadanía. La consecuencia es que, según el Índice 2013 de Derechos, Economía y Cobertura, la Comunidad Valenciana tiene los peores servicios sociales de España”, añade.

Martínez insiste en que “no se va a dar la espalda, como hace la Generalitat, a las personas con discapacidad a las que centros como el de Quart de Poblet les ayudan a ser más independientes, a formar parte de la sociedad recibiendo pero también aportando, a defender su derecho a ser reconocidos como ciudadanos y a recibir una atención profesional, no caridad”.

En la mañana del jueves 20 de junio, la plantilla del Centro Ocupacional, los usuarios y sus familias se han concentrado de nuevo a las puertas del Centro de Salud para manifestarse en contra de la reducción de las subvenciones y el copago, impuestos por la Generalitat, y reivindicar sus derechos. Les han acompañado representantes del colectivo de Iaioflautas y la concejala de Bienestar Social, Mª Cruz Abellán.

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